GRANADA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de
Granada ha condenado a medio centenar de acusados por fraude al Servicio
Público de Empleo Estatal (SPEE) y a la Seguridad Social al formar parte en un
entramado de empresas falsas para cobrar prestaciones sociales y subsidios por
desempleo, atendiendo al acuerdo de conformidad que alcanzaron las defensas, la
Fiscalía y las acusaciones particulares en el macrojuicio del pasado 25 de
febrero.
La fiscal accedió entonces a rebajar su petición de condena inicial, que
rondaba entre los tres años de cárcel, con multas de 3.600 euros, hasta los
nueve y multas de 1,5 millones para los considerados cabecillas de la trama.
Así, ahora, la Sección Segunda, según el fallo al que ha tenido acceso Europa Press,
impone al acusado principal, Emilio S.R., una condena de tres años por un
delito contra el sistema de la Seguridad Social, que incluye la prohibición del
derecho a percibir subvenciones o ayudas sociales por un periodo de cinco años.
Otro delito contra el sistema de la Seguridad Social se le atribuye también a
otras seis mujeres, entre ellas su esposa, su madre, su hermana y su cuñada,
que deberán hacer frente a dos años de cárcel, y a la misma prohibición del
derecho a percibir ayudas sociales por tres años. En concepto de
responsabilidad civil, el presunto cabecilla y el resto de sus familiares
deberán hacer frente al pago de 952.574,60 euros al SPEE.
Al resto de los encausados, el tribunal les condena a nueve meses de prisión,
que disminuye a tres meses en el caso de dos de ellos, que ya han abonado
íntegramente las cantidades percibidas indebidamente y que por ello se les
aplica la atenuante de reparación del daño. Todos deberán hacer frente a sus
respectivas indemnizaciones al SPEE, con cantidades de entre los 2.481,12 euros
y los 13.479,77.
Asimismo, la sentencia recoge la absolución instada por la Fiscalía a un
toxicómano y otro hombre dedicado a la recogida de chatarra a los que
inicialmente se les imputaba por presuntamente haber dado de alta a las dos
empresas fantasmas de las que se valieron el resto para defraudar las
prestaciones sociales, al entender que no "tenían conocimiento de la
constitución" de las mismas.
Según la resolución, el principal imputado, Emilio S.R, puesto previamente de
acuerdo con diversos miembros de su familia y entorno, entre ellos su esposa,
su hermana, su madre y su cuñada, "urdieron un plan directamente
encaminado a conseguir de manera fraudulenta y mediante engaño" la
obtención de las prestaciones y subsidios por desempleo mediante la creación de
un entramado de sociedades con la finalidad de defraudar al Servicio Público de
Empleo Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social a cambio de una
cantidad de dinero no determinada que, en cada caso, era entregada por el
supuesto trabajador, durante los años 2007, 2008 y 2009.
Para ello, el procesado y su familia, también acusados, se valieron de dos
personas interpuestas, de otro de los inculpados, sin profesión y dedicado a la
recogida de chatarra, y de un toxicómano, también imputado, y con fecha 13 de
diciembre de 2005 y 22 de octubre de 2004 procedieron a dar de alta a estos
como empresarios individuales, a través de las razones sociales de dos empresas
del sector de la construcción "sin actividad real, ilocalizables, sin
domicilio social y fiscal real, sin centro de trabajo y sin los medios
materiales necesarios para prestar los supuestos trabajos", sin que éstos
tuvieran conocimiento de esa constitución.
Seguidamente, los encausados, "simulando íntegramente una relación laboral
inexistente", y "conociendo que nunca iban a ser prestados los
trabajos", tramitaron en la Seguridad Social numerosas altas de
trabajadores previa elaboración del correspondiente contrato de trabajo ficticio
que era presentado ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE),
manteniendo a los trabajadores en esta situación de alta laboral "durante
el tiempo suficiente para poder acceder a las prestaciones y subsidios por
desempleo y sin abonar nunca las correspondientes cotizaciones a la Seguridad
Social".
A continuación "simulando igualmente" el cese en la relación laboral,
los acusados presentaron ante el SPEE la documentación necesaria para la
consecución de su objetivo, de forma que obtuvieron y les fueron abonadas las
prestaciones y subsidios por desempleo, logrando defraudar un total de
345.601,74 con una de las empresas, con el alta de 78 trabajadores, y con la
otra 607.512,86, con 103 solicitudes de altas.
Los empleados, puestos de común acuerdo con Emilio S.R. y su familia,
elaboraron documentos de trabajo ficticios que después se daban por finalizados
para presentar la correspondiente solicitud de subsidio de desempleo y
conseguir cantidades que rondaron entre los 2.000 y los 13.000 euros.
