Algunas regiones y centros de salud se pronunciaron en sentido
que no podrán negar la cobertura a los migrantes, por ser un derecho
constitucionalizado.
Una
nueva norma española restringe, desde el sábado, el servicio médico a por lo
menos 155.000 bolivianos que viven en situación irregular en ese país. Esta
medida, que contempla ciertas excepciones, es rechazada por colectivos de
varias nacionalidades, organizaciones políticas e instituciones de ayuda a
migrantes, que aseguran que la determinación vulnera la Constitución española y
abre el riesgo de que algunas enfermedades se expandan por la península
ibérica.
El 1 de septiembre entró en vigencia la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, que regula la condición de asegurado o beneficiario de la asistencia sanitaria pública de ese país, a partir de la cual quedarán sin tarjeta sanitaria y, por lo tanto, sin atención médica pública todos los extranjeros que no cuenten con la residencia legalizada.
La decisión no sólo genera debate en todos los estratos sociales españoles, sino incluso el anuncio a la desobediencia por parte de algunas regiones y miembros del sistema de salud, ya que contradice las normas nacionales.
SIN DOCUMENTOS. El presidente de la organización Solidaridad Sin Fronteras, Álvaro Will Ibáñez Tudela, afirmó que hay varios argumentos por los que no debería aplicarse esta nueva norma; en primer lugar, porque ésta vulnera la misma Constitución del Reino de España, que señala que la salud es universal, pública y gratuita.
Agregó que las autoridades españolas deben tener en cuenta las consecuencias de esta medida, por ejemplo, que no se frenará el contagio de males que llegan con los inmigrantes, como en el caso de los africanos subsaharianos que llegan en botes y entre ellos hay enfermos de tuberculosis.
“Hemos hecho una reclamación entre las organizaciones y subsaharianos con la argumentación de que no tendría que darse el quitar la asistencia sanitaria porque el inmigrante tiene que ser amparado por la Constitución del Estado español; porque muchos bolivianos que estaban en condición regular en ese país, a causa de la crisis, han perdido sus trabajos y su permiso”.
En España, durante tres años el migrante debe demostrar que trabaja constantemente para contar con el permiso laboral. La crisis económica que afecta a este país también dejó a muchos bolivianos sin empleo, lo cual les perjudicó al obtener esa autoridad, hecho conocido como una irregularidad sobrevenida.
Sin ese permiso de trabajo, ellos no pueden acceder a la radicatoria y, por lo tanto, tampoco a la tarjeta de sanidad.
El 1 de septiembre entró en vigencia la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, que regula la condición de asegurado o beneficiario de la asistencia sanitaria pública de ese país, a partir de la cual quedarán sin tarjeta sanitaria y, por lo tanto, sin atención médica pública todos los extranjeros que no cuenten con la residencia legalizada.
La decisión no sólo genera debate en todos los estratos sociales españoles, sino incluso el anuncio a la desobediencia por parte de algunas regiones y miembros del sistema de salud, ya que contradice las normas nacionales.
SIN DOCUMENTOS. El presidente de la organización Solidaridad Sin Fronteras, Álvaro Will Ibáñez Tudela, afirmó que hay varios argumentos por los que no debería aplicarse esta nueva norma; en primer lugar, porque ésta vulnera la misma Constitución del Reino de España, que señala que la salud es universal, pública y gratuita.
Agregó que las autoridades españolas deben tener en cuenta las consecuencias de esta medida, por ejemplo, que no se frenará el contagio de males que llegan con los inmigrantes, como en el caso de los africanos subsaharianos que llegan en botes y entre ellos hay enfermos de tuberculosis.
“Hemos hecho una reclamación entre las organizaciones y subsaharianos con la argumentación de que no tendría que darse el quitar la asistencia sanitaria porque el inmigrante tiene que ser amparado por la Constitución del Estado español; porque muchos bolivianos que estaban en condición regular en ese país, a causa de la crisis, han perdido sus trabajos y su permiso”.
En España, durante tres años el migrante debe demostrar que trabaja constantemente para contar con el permiso laboral. La crisis económica que afecta a este país también dejó a muchos bolivianos sin empleo, lo cual les perjudicó al obtener esa autoridad, hecho conocido como una irregularidad sobrevenida.
Sin ese permiso de trabajo, ellos no pueden acceder a la radicatoria y, por lo tanto, tampoco a la tarjeta de sanidad.
Excepciones.
Según Ibañez, la demanda de salud de los bolivianos en España es general, ya
que normalmente presentan resfrios y dolencias en el estómago, entre otros
problemas. Las consultas más comunes son las que tienen que ver con problemas
ginecológicos y pediátricos.
La norma señala que en caso de embarazo, parto y posparto, así con situaciones de mucha urgencia, se brindará atención a quienes lo requieran.
La norma señala que en caso de embarazo, parto y posparto, así con situaciones de mucha urgencia, se brindará atención a quienes lo requieran.
250 mil bolivianos residen en España, según
Solidaridad Sin Fronteras. El 63 por ciento, al menos, es indocumentado.
Anuncian
demandas internacionales. La Red por el Derecho a tener Derechos, que aglutina
a más de 30 colectivos en defensa de los inmigrantes indocumentados, que se quedaron
sin tarjeta sanitaria en España, anunció que llevará al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos “cada caso” de desatención grave a estas personas.
Se estima que el Ministerio de Sanidad anuló desde el sábado la tarjeta sanitaria a 910.000 pacientes que no pagan impuestos, de los cuales unos 150.000 no tienen permiso de residencia.
Vigilia. Organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos se comprometieron a vigilar cómo se trata a estas personas desde este mismo lunes; sobre todo a los enfermos crónicos, graves o a aquellos que padecen patologías infecciosas, para denunciarlos.
Se estima que el Ministerio de Sanidad anuló desde el sábado la tarjeta sanitaria a 910.000 pacientes que no pagan impuestos, de los cuales unos 150.000 no tienen permiso de residencia.
Vigilia. Organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos se comprometieron a vigilar cómo se trata a estas personas desde este mismo lunes; sobre todo a los enfermos crónicos, graves o a aquellos que padecen patologías infecciosas, para denunciarlos.
La atención médica es gratis para algunos
CONVENIO
> Los convenios entre los países que son parte de la Unión Europea determinan la gratuidad de la salud.
IGUALDAD
> Por ello, los habitantes de una u otra nación pueden recibir tratamientos en cualquier país de la Unión.
COSTOS
> Sin embargo, se denuncia que hay países donde la atención en salud aún es cara y por ello van a España.
RECLAMO
> Es el caso, según las denuncias, de Alemania, cuyos costos de atención médica son elevados.
> Los convenios entre los países que son parte de la Unión Europea determinan la gratuidad de la salud.
IGUALDAD
> Por ello, los habitantes de una u otra nación pueden recibir tratamientos en cualquier país de la Unión.
COSTOS
> Sin embargo, se denuncia que hay países donde la atención en salud aún es cara y por ello van a España.
RECLAMO
> Es el caso, según las denuncias, de Alemania, cuyos costos de atención médica son elevados.
