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Así se ha pronunciado la mutua en un
comunicado en relación con la imputación de Morata y de otros dos directivos de
Umivale --Héctor Blasco y Pilar Soriano-- tras una denuncia
interpuesta por tres personas relacionadas con la entidad.
Al respecto, Umivale se ha reafirmado
en la "absoluta inocencia" de los afectados, "como se demostrará
sin ninguna duda durante el proceso", ha declarado. Así mismo, ha señalado
que los denunciados se reservan las actuaciones judiciales oportunas "para
reparar las graves acusaciones realizadas por los denunciantes, así como el
perjuicio causado en su imagen".
Además, la mutua entiende que el hecho
de llamar a declarar a los denunciados el próximo 11 de junio, en calidad de
imputados, "les permitirá ser parte de la causa y conocer el contenido de
toda la denuncia y la documentación aportada por los denunciantes, así como las
futuras diligencias que se practiquen".
De este modo, han agregado desde
Umivale, "se asegura su legítimo derecho a defenderse de las injustas
acusaciones de las que han sido objeto y se evita la situación de indefensión
en la que hasta ahora se encontraban".
Así mismo, la mutua ha confirmado que
la juez ha descartado las medidas solicitadas
por los denunciantes, como la entrada y registro en la sede de la mutua y el
servicio de prevención, "porque no existen indicios que justifiquen esa
medida".
Por otro lado, se ha referido a la
supuesta destrucción de pruebas, sobre lo que ha dicho que es
"falso": "como no puede ser de otro modo, en Umivale no se ha
intentando entorpecer de ningún modo el trabajo de la justicia y se está
poniendo a disposición de la juez, en todo momento, cualquier documento requerido".
"El relato de cómo se ha producido esta
imaginaria destrucción incurre en una serie continuada de inexactitudes y
falsedades y compromete el buen nombre de personas trabajadores de Umivale,
cuya única motivación, es llevar a cabo su labor diaria con la mayor profesionalidad",
han indicado desde Umivale, y han añadido que la acusación "falsa" de
destrucción de pruebas supone, en sí misma, "un delito sobre el que las
personas afectadas tomarán las medidas legales oportunas".
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