Los sindicatos ven
planes de privatizar lo público en las nuevas reglas del despido colectivo que
pueden costarle el puesto a 18.000 trabajadores
Ven con
claridad meridiana que tras el modificado reglamento de despido colectivo se
esconde el deseo de destruir empleo público y favorecer la privatización de los
servicios que ofrecen las distintas administraciones. Por eso los agentes
sociales extremeños se oponen rotundamente a lo dispuesto en el proyecto de
real decreto que lo desarrolla, ya que consideran que concede toda la manga
ancha del mundo a los dirigentes de lo público a la hora de prescindir de su
personal laboral, constituido por quienes no son funcionarios ni tampoco
eventuales.
No afecta
a los funcionarios porque no se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, pero
en el caso de Extremadura pone en la cuerda floja a los algo más de 18.000
empleados que se reparten entre la
Junta , Diputaciones, Ayuntamientos, Justicia, Instituciones
Penitenciarias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Universidad,
fundaciones y empresas públicas. De ellos se podrá prescindir a partir de la
entrada en vigor del reglamento bien sea por razones económicas, técnicas y de
organización de un solo golpe, en un número de hasta 10 si son 100 los que
forman el departamento, del 10% en el caso de que sean entre 100 y 300 y de 30
cuando se supere esa última cifra.
Para poder
hacerlo basta con justificar que las subvenciones, transferencias de capital o
aportación presupuestaria disminuyen en un 10% respecto al año anterior;
también, que se produzcan cambios en la prestación del servicio público o en el
método de trabajo del personal. Circunstancias en todos los casos que dependen
de las propias administraciones que son las que redactan presupuestos y
organizan el trabajo de su personal con los medios que consideran, de manera
que el margen para la negociación es escaso en el caso de que se decida aplicar
un expediente de regulación de empleo sobre el sector público.
Por todo
ello los agentes sociales piden al Gobierno extremeño que no hagan uso de esta
posibilidad que consideran que va en detrimento tanto del empleo público como
del Estado del bienestar.
«Es una
auténtica barbaridad, una más de las que se están cometiendo en nombre de la
crisis», señala Benito Román, presidente de CSIF, que cree también que atenta
contra la independencia en tanto en cuanto «el empleado público no está sujeto
a ningún partido ni a ningún grupo» y que prescindir de esta figura puede
servir para que los políticos coloquen a quien ellos quieran.
Este
sindicato, que representa a la mayoría de los trabajadores públicos, presentó
una enmienda a la reforma laboral para que les protegiese frente a los
expedientes de regulación, que no fue aceptada, de ahí que no les haya cogido
por sorpresa el anuncio de las nuevas medidas que regirán el despido colectivo.
Lo mismo
ha ocurrido en UGT, que se las estaba viendo venir en el mismo sentido.
«Esto no es
nada nuevo, ya estaba en la reforma laboral y el objetivo no es otro que quitar
un montón de gente de la
Administración », apuntó su secretario de Acción Sindical,
José Ignacio Luis. Recuerda, además, que «salvo casos testimoniales, con
carácter general el personal laboral ya accede desde hace tiempo a su puesto de
trabajo por concurso oposición», de manera que consideran que no debería
diferenciarse del funcionariado ni a este ni a otros efectos.
Mano negra
El
sindicato ve la mano negra de la privatización de lo público detrás de la
modificación de las condiciones del despido colectivo y advierte sobre las
consecuencias negativas que tendría para los ciudadanos.
«Deja el
despido sujeto exclusivamente a la voluntad política de disminuir a toda costa
los servicios públicos y eso se hace de dos formas, o bien dejando de
prestarlos o acudiendo a la vía privada. Un ejemplo claro en este sentido es el
de las ITV que tienen un precio distinto en unos y otros sitios dependiendo de
dónde dependan, del sector público o del privado».
Los
agentes sociales coinciden en que se trata de una disposición poco democrática
«que persigue un cambio del sector público sin tener en cuenta las miles de
personas, de familias que se van a ser afectadas y sin abrir siquiera debate político»,
señaló José Luis Piris, secretario de Comunicación de CC OO.
El poco
margen para la negociación es otro de los puntos más criticados de la reforma
del despido colectivo.
«Elimina
esa capacidad desde el momento en que concede todo el poder del despido a las
administraciones públicas, con una ligereza en los razonamientos que no tiene
la empresa privada», indica el portavoz del Grupo socialista en la Asamablea de
Extremadura, Valentín García. En su opinión se está dando alas al despido a la
carta «y es gravísimo que suceda porque deja todos los servicios públicos
españoles en manos de dirigentes que pueden quitárselos del medio de manera
espúrea».
El debate
está en el aire en una comunidad autónoma en la que ocho de cada 100
trabajadores son empleados públicos a los que la política de recortes está
afectando de una manera especial desde hace tiempo. Tras el intento finalmente
abortado por la oposición socialista y de IU en el Parlamento extremeño, de
rebajarles las nóminas suprimiéndoles el 50% de la carrera profesional vino la
ampliación de la jornada de trabajo en dos horas y media. Ahora, además,
tendrán que aprender a convivir con el temor de que poder ser despedidos.
PILAR ARMERO parmero@hoy.es | PLASENCIA.
