Según han señalado, se reubicarán en los centros de Antequera y Archidona,
que "están en mejores condiciones y en los que se puede ofrecer un
servicio más completo y de calidad a los mayores". Asimismo, ha propuesto
que el Ayuntamiento de la localidad pueda disponer del edificio para destinarlo
a usos sociales.
Tras el anuncio del cierre el próximo
mes de septiembre de esta residencia de ancianos, dependiente de la Diputación y con
capacidad para 29 usuarios, aunque actualmente sólo están cubiertas 15 plazas,
concejales del Ayuntamiento de Colmenar iniciaron el pasado miércoles un
encierro en el Consistorio como medida de protesta.
La vicepresidenta tercera y
responsable del Área de Ciudadanía, Ana Mata, ha afirmado que, ante esta
situación, "la prioridad son los mayores, pero no hemos querido dejar de lado a los 26
trabajadores y
por eso los hemos reubicado". Ha reiterado que el inmueble incumple los
requisitos de la Ley
de Dependencia y de la de Prevención de Riesgos Laborales y cuenta con dos
informes técnicos desfavorables.
Por ello, Mata se ha reunido este
viernes con los empleados para trasladarles "su apoyo, garantizarles su continuidad e informarles de su nuevo
destino". En el encuentro han estado presentes también el diputado
provincial de Recursos Humanos, Jesús Fortes; la responsable de Centros de
Atención Especializada, Emiliani Jiménez, y el alcalde de Colmenar, Antonio
Jesús Fernández.
La vicepresidenta tercera también ha
informado de que el mantenimiento de esta residencia supone un coste anual para la Diputación de 1,42
millones de
euros, a razón de 94.908 euros anuales por persona, a pesar de que "las
competencias en esta materia corresponden de manera exclusiva a la Junta de Andalucía",
institución a la que Mata ha exigido que "asuma sus obligaciones".
En este punto, ha recordado que en
noviembre de 2011 la
Diputación solicitó a la Junta de Andalucía la concertación de plazas de esta residencia. Sin embargo, tras
varias reuniones con representantes del Gobierno andaluz, esta opción fue
descartada porque "la residencia incumple la orden de 5 de noviembre de
2007, que regula el procedimiento y requisitos para la acreditación de centros
para personas mayores en situación de dependencia".
Para que el edificio supere las
exigencias de esta orden, sería necesaria la construcción de un nuevo
edificio, que
tendría que ser financiado por la
Junta , administración que tiene las competencias en esta
materia, ha apuntado Mata.
En este aspecto, ha criticado
"la demagogia y deslealtad del PSOE y de IU, que no invirtieron ni un euro en cuatro años para adecuar la residencia a la Ley de Dependencia" y,
por ello, "han condenado al edificio al abandono y ahora se rasgan las
vestiduras ante la evidencia de que no está en condiciones para atender a los
usuarios".
El centro cuenta, además, con dos informes negativos de Bomberos y del Área de
Arquitectura y Urbanismo. El
realizado por el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) señala que el edificio
no se adapta a la normativa en caso de incendio y concluye que "no puede
utilizarse como residencia de ancianos".
El segundo asegura que "el
edificio no fue concebido para el
uso al que se destina en la actualidad, por lo que no se puede adaptar
a las normativas concurrentes para una residencia geriátrica". Tal y como
ha recordado la vicepresidenta tercera, "antes de albergar la residencia
de Colmenar fue construido para acoger un hotel".
Este documento pone de manifiesto que tampoco cumple con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, ya
que, entre otras deficiencias, presenta grietas, problemas en las salidas de
emergencia de la segunda planta y las baldosas exteriores están en mal estado.
"En estas condiciones, la Diputación no puede
hacer más que cerrar el edificio y buscar la mejor solución, que es reubicar a
los mayores en otros centros y garantizar que los empleados seguirán
trabajando", ha concluido Mata.
Europa Press | Málaga