Asegura
que la tasa vulnera "una competencia exclusiva del Estado" y genera
desigualdades. Cataluña dice que la seguirá aplicando y Madrid reitera su
intención de implantarla.
EFE, MADRID | ACTUALIZADO 15.11.2012
- 18:51
Cataluña mantendrá la tasa de un euro por receta, que implantó el pasado junio, y Madrid sigue con la intención de aplicarla desde enero, a pesar de que el Consejo de Estado haya considerado que esta medida "vulnera el orden
constitucional", según un dictamen conocido este jueves. El máximo órgano
consultivo del Gobierno argumenta que las autonomías "no pueden incidir,
ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos
que son objeto de financiación pública". El Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, que solicitó el informe, ha insistido en que recurrirá en el Tribunal Constitucional la
decisión de esas comunidades si no llega a un acuerdo con ellas, pues cree que
no son competentes.
Pero el presidente de Madrid, Ignacio González, ha afirmado que esa tasa sí entra dentro de las competencias de la comunidad, pues "no afecta" al coste de los medicamentos, sino que tiene una función disuasoria. En cualquier caso, está dispuesto a "sentarse a hablar con el Gobierno para solventar discrepancias". El departamento de Salud de la Generalitat continúa amparándose en la interpretación del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que dictaminó la constitucionalidad de la nueva tasa, y agrega que la opinión del Consejo de Estado "no es vinculante".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo tratará de "hacer entender" al Gobierno catalán la "inconstitucionalidad" de ese pago y la necesidad de su modificación, antes de acudir al Constitucional. En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha recordado que existe una mesa de diálogo abierta conla Generalitat
para tratar la cuestión e intentar evitar acudir al Constitucional. El plazo
para llegar a un acuerdo en esas conversaciones termina a finales de diciembre, según Sanidad. En
el caso de Madrid, "cuando sea, si es, una norma jurídica, se procederá de
la misma manera", ha aclarado la vicepresidenta.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha explicado que conocía el informe del Consejo de Estado desde hacía "bastante tiempo, seis meses" y González ha asegurado que él también lo conocía. La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha calificado de "inadmisible" que el Gobierno y la ministra Mato conozcan desde junio el informe y se ha preguntado a qué esperan para recurrir el euro por receta, que supone "una desigualdad manifiesta" entre los españoles. El candidato del PSC ala Generalitat de Cataluña, Pere Navarro, ha recordado que su partido ya se opuso a la
tasa por "injusta".
El Consejo de Estado entiende que no cabe admitir que, en el ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes "cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario". No se reprocha una eventual falta de competencia dela Generalitat para
establecer tributos, sino que "la instauración de esa tasa vulnere el orden de competencias y, en
concreto, el artículo 149.1.16 de la Carta Magna ". En el caso de Cataluña, abunda
el Consejo de Estado, la tasa también "entra en conflicto" con el
artículo 149.1.1 de la
Constitución , pues "corresponde al Estado la competencia
exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes".
La decisión del Consejo de Estado, que ha sido valorada porla Federación
de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Pública , ha contado, no obstante, con tres votos particulares -Fernando
Ledesma, María Teresa Fernández de la
Vega y Enrique Alonso-, que entienden que "no existen motivos suficientes" para
considerar la inconstitucionalidad del
euro por receta.
La Generalitat de Cataluña implantó la tasa farmacéutica con la intención de contribuir a financiar el sistema sanitario y moderar el consumo de medicamentos, con un pago máximo de 61 euros anuales y para productos de más de 1,67 euros. Sólo están exentos unos 127.000 ciudadanos en riesgo de exclusión social, que son los beneficiarios del Programa de Renta Mínima de Inserción, los de una pensión no contributiva, dela Ley
de la Integración
Social de los Minusválidos y del Fondo de Asistencia Social.
La Comunidad de Madrid prevé
aplicar esta tasa en el mes de enero con el objetivo de racionalizar el gasto
farmacéutico. Recientemente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha
discrepado con esta tasa y ha dicho que no le parecía bien pagar un
euro por receta porque suponía "pagar dos veces".
Pero el presidente de Madrid, Ignacio González, ha afirmado que esa tasa sí entra dentro de las competencias de la comunidad, pues "no afecta" al coste de los medicamentos, sino que tiene una función disuasoria. En cualquier caso, está dispuesto a "sentarse a hablar con el Gobierno para solventar discrepancias". El departamento de Salud de la Generalitat continúa amparándose en la interpretación del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que dictaminó la constitucionalidad de la nueva tasa, y agrega que la opinión del Consejo de Estado "no es vinculante".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo tratará de "hacer entender" al Gobierno catalán la "inconstitucionalidad" de ese pago y la necesidad de su modificación, antes de acudir al Constitucional. En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha recordado que existe una mesa de diálogo abierta con
Por su parte, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha explicado que conocía el informe del Consejo de Estado desde hacía "bastante tiempo, seis meses" y González ha asegurado que él también lo conocía. La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha calificado de "inadmisible" que el Gobierno y la ministra Mato conozcan desde junio el informe y se ha preguntado a qué esperan para recurrir el euro por receta, que supone "una desigualdad manifiesta" entre los españoles. El candidato del PSC a
El Consejo de Estado entiende que no cabe admitir que, en el ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes "cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario". No se reprocha una eventual falta de competencia de
La decisión del Consejo de Estado, que ha sido valorada por
La Generalitat de Cataluña implantó la tasa farmacéutica con la intención de contribuir a financiar el sistema sanitario y moderar el consumo de medicamentos, con un pago máximo de 61 euros anuales y para productos de más de 1,67 euros. Sólo están exentos unos 127.000 ciudadanos en riesgo de exclusión social, que son los beneficiarios del Programa de Renta Mínima de Inserción, los de una pensión no contributiva, de
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