El consejero
de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, compareció este jueves tras la
celebración del Consejo de Gobierno para dar cuenta de lo que aseguró será el
decreto que consiga reducir las vergonzantes cifras de fracaso
escolar que sufre
Castilla-La Mancha. Se trata de la normativa que regulará la Ley de Autoridad del Profesorado, aprobada el pasado mes de mayo pero
que será efectiva, previsiblemente, el próximo año, una vez que el citado
decreto pase todos los trámites administrativos.
Según Marín, el decreto da
cobertura y protección a los 31.000 profesores de Castilla-La Mancha, al
establecer el conjunto de conductas infractoras y las medidas educativas
correctora aplicables por los centros educativos en aquellas actuaciones del
alumnado y demás miembros de la comunidad educativa que constituyan un
menoscabo de la autoridad del profesorado, de forma que se garantice el respeto
y la protección de dicha condición a los mismos.
Se establece la homogenización de las medidas educativas
correctoras o disciplinarias, así como de las conductas infractoras, «para que todos los centros, ante la misma falta o
hecho, tengan la misma respuesta».
Se regulan las injurias o
humillaciones hacia el profesorado, particularmente aquellas que se realicen en
su contra por sus características personales, económicas, sociales o
educativas; así como el acoso o violencia contra un miembro del claustro, los actos
perjudiciales para su salud o integridad personal, además de otros como la
falta de asistencia a clase, no informar a los padres, suplantación de
identidad, etc.
Medidas correctoras
Y las «medidas correctoras» para atajar las faltas antes citadas
van desde la realización de tareas escolares en el centro en horario no lectivo
del alumnado por un tiempo determinado en función de la gravedad de los hechos,
cambiar de clase, hasta el cambio de centro, cuando se trate de enseñanza
obligatoria, o su expulsión, cuando sea no obligatoria.
El consejero explicó que también se recogen medidas de apoyo al profesorado,
como la creación de una unidad administrativa con las funciones de atención,
protección, asesoramiento y apoyo del profesorado, que atenderá cada caso de
forma individual; se establecerá un protocolo operativo de actuación de los
centros educativos; la administración proporcionará asistencia jurídica al
profesorado de los centros privados concertados en aquellos casos en que
habiéndose producido una conducta contraria a las normas de convivencia,
organización y funcionamiento del centro y del aula, la misma constituya un
atentado contra la autoridad del profesorado.
El consejero se mostró convencido de que «el proceso de mejora
para conseguir una enseñanza de calidad que trate de prevenir el fracaso
escolar pasa por reforzar la autoridad del profesor como pieza esencial en el proceso de
enseñanza-aprendizaje».
http://www.abc.es/local-toledo/20121122/abci-actos-violentos-contra-profesores-201211222022.html
