El sistema antifuego, que llevaba
dos años sin revisión, estaba desconectado.
Dos responsables de la empresa de
mantenimiento murieron el 26 de octubre.
Dos muertos en el incendio de una instalación de la M-30
(26/10/12)
La investigación interna del incendio
accidental en unas baterías eléctricas del baipás sur de la M-30 , el pasado 26 de
octubre, ha destapado graves fallos de seguridad en las instalaciones de la vía
más transitada de la capital. El suceso, comunicado por el Ayuntamiento de
Madrid con una escueta nota a última hora de aquel viernes, acabó
con el fallecimiento de dos empleados de la empresa Emesa,
responsable del mantenimiento de la Calle 30. Gregorio
Camacho, encargado de los túneles, y Sergio Martínez, ingeniero responsable del
área de mantenimiento, fueron hallados sin vida por los bomberos en una
habitación próxima a las instalaciones afectadas por el fuego cuando las tareas
de extinción ya habían concluido, tras cuatro horas de presencia ininterrumpida
de bomberos, policía municipal y equipos sanitarios.
El parte de intervención elaborado por el Departamento de
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid, al que ha tenido acceso EL
PAÍS, recoge hasta cinco ocasiones en las que los bomberos desplegados para
atajar el siniestro impidieron el acceso a las zonas afectadas a distintos
trabajadores de Emesa no identificados. El documento recoge que una y otra vez
trataron de llegar al recinto burlando el cordón de seguridad establecido.
“Esta situación se repite por la reticencia del personal de Calle 30 a acatar nuestras
indicaciones”, llega a detallar el informe de los bomberos.
Otra
cosa que los servicios de extinción comprobaron, casi desde el principio, es
que ninguna de las medidas de detección y control del fuego funcionaron. Para
empezar, fueron ellos mismos quienes notificaron por teléfono al centro de
control de Calle 30 que había un “incendio de envergadura en una instalación
subterránea”. “Tras repetidas conversaciones, no reconocen ninguna incidencia
en sus instalaciones”, destaca el informe.
La
alerta llegó al cuerpo de bomberos a las 17.00 porque un transeúnte avisó de lo
que le pareció una papelera ardiendo en las inmediaciones del número 96 de la
calle de Valderribas. Nueve minutos después, el equipo desplazado comprobó que
se trataba de una rejilla de ventilación del túnel de la M-30 en el parque próximo, lo
que activó el protocolo de emergencia. A medida que avanzaban, los trabajos de
extinción se toparon, no solo con la presencia no controlada de trabajadores de
mantenimiento desde las 17.20, sino con una cadena de deficiencias de seguridad
encabezada por una “alarma de fallo en las centralitas” del sistema de control
de incendios. Al no funcionar el dispositivo de detección de humo, tampoco se
activó la vaporización de agua sobre las baterías incendiadas, que debía ser
propulsada por el nitrógeno almacenado en unas bombonas que los bomberos hallaron
desconectadas de las conducciones. El sistema contra incendios llevaba sin
revisarse dos años cuando es obligatorio un chequeo anual. Otro de los frentes
no previstos que los bomberos tuvieron que afrontar fueron las deficiencias en
el sistema de extracción de gases del incendio, que se propagaron por la
escalera de emergencia aunque sin afectar a la zona de paso de vehículos al
encontrarse en una altura superior.
Deficiencias clave
§
Los bomberos reciben el aviso de un
transeúnte que
vio humo a la altura de una rejilla de ventilación en un parque. Ningún sistema
interno de alerta registró la incidencia en el centro de control de Calle 30.
§
Diversos trabajadores de
mantenimiento circulan por las zonas afectadas por el incendio pese a las reiteradas
órdenes de los servicios de extinción de que abandonen los recintos de la
planta -1.
§
Los servicios de extinción comprueban poco después de llegar
que se ha activado
la alarma de fallo en las centralitas del sistema de detección
de fuego.
§
El sistema de extinción por agua nebulizada no se pone en marcha, lo
que permite que se propague el fuego fortuito en unas baterías de emergencia.
§
Tampoco funcionó correctamente el sistema de ventilación en la planta incendiada. El humo se
extendió por la escalera de emergencia, lo que habría complicado la evacuación
en caso de que hubiera personas afectadas tratando de huir.
§
Las botellas de nitrógeno que
debían activar la vaporización estaban desconectadas del circuito de canalización.
§
Se comprueba, asimismo, que el sistema de protección contra
incendios lleva dos años sin ser
revisado por un
técnico.
Fallos anteriores
Fuente: elaboración propia. / RODRIGO
SILVA / EL PAÍS
El
delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos, reveló
ayer algunos detalles de la intervención municipal en el siniestro, incluidas
las graves deficiencias en la detección del fuego. Explicó que, anteriormente,
se habían registrado fallos en abril, junio y septiembre en el sistema
eléctrico de la zona de la M-30
en la que se produjo el incendio, en concreto en los túneles de ventilación 1 y
4, lo que en su momento obligó a cortar el tráfico. A raíz de esos episodios,
Madrid Calle 30 exigió a Emesa que “pusiera en marcha las medidas necesarias
para solucionarlo”, siempre según el relato municipal. Las obras habían
comenzado poco antes del incendio del día 26.
Madrid
Calle 30 es una empresa mixta creada durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón
(2003-2011) para asumir
las obras de soterramiento de esta autovía (y la deuda que generó).
El Ayuntamiento posee el 80% de las acciones; el 20% restante pertenece a
Emesa, participada mayoritariamente por Ferrovial (50%) y Dragados (33%). Esta
empresa ganó en 2005 el contrato público para conservar la autovía durante 35
años. A partir de entonces, el Ayuntamiento delegó la gestión de la carretera
en Madrid Calle 30, y esta dejó “ciertos servicios de conservación” en manos de
Emesa en virtud de esa concesión. Madrid Calle 30 cuenta con 13 empleados;
Emesa tiene 273. Su trabajo es auditado por el Ayuntamiento semestralmente.
La
investigación sobre las causas de los dos fallecimientos, en manos del Juzgado
número 21 de la plaza de Castilla, está pendiente del informe definitivo de
autopsia. Según fuentes judiciales, el forense ha remitido muestras de tejidos
de las víctimas al Instituto Nacional de Toxicología para que analice qué
sustancias inhalaron antes de morir. Estos análisis suelen tardar varios meses
y hasta el resultado definitivo no se puede determinar la causa exacta de la
muerte,
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/21/madrid/1353454146_176887.html
