TRANSPARENCIA |
Frente a las prohibiciones de varios alcaldes
Desde Ibi a Pinto, desde Matillas a Pelayos de la Presa. Varios alcaldes de localidades repartidas por toda
España niegan a ciudadanos, con cargo público o a título
particular, la grabación de los plenos
municipales, que son públicos. La respuesta civil es
organizarse y denunciar estos comportamientos que entorpecen la transparencia.
Los plenos
de los ayuntamientos se pueden grabar, aunque el alcalde diga lo
contrario. Al menos así lo expresan una
multitud de sentencias y el propio el Defensor del Pueblo en varias recomendaciones enviadas a
diferentes localidades españolas cuyos regidores han prohibido la grabación de
las sesiones públicas. El límite, como bien señala el abogado Pablo
García Mexía en una reciente columna, la grabación
indiscriminada que entorpezca las sesiones.
El penúltimo y polémico caso ha
tenido lugar en Matilla, un pequeño municipio de
Guadalajara con 168 habitantes, regido por el Partido Popular. Su alcalde, Ignacio Gordon, se ha negado en
repetidas veces a que dos vecinas del pueblo graben los plenos municipales.
Mónica
Sánchez, de 41 años y dedicada al cuidado de mayores aunque ahora
en paro, llegó a este pueblo hace ocho años desde Parla. Junto con su amiga
Vanesa empezaron a grabar los plenos de Matilla hace dos años (primero en
audio, luego en vídeo) porque lo que veían era
"tan llamativo, tan caciquil, que si se lo cuentas a alguien no se lo
cree", asegura.
Hay, por ejemplo, cuatro concejales
independientes (antes formaban parte del Partido Popular) y un quinto del PP a
quien "humillan todo el tiempo, jamás le dan la palabra", comenta
Mónica. Todos ellos mayores de 75 años, apunta.
A principios de mes, y según
informaba la prensa
local alcarreña, el alcalde llegó a llamar a la Guardia Civil , en un
pleno celebrado el 27 de julio de este año, para expulsar a Mónica. Su
argumento: "Aquí se hace lo
que yo digo". Luego llegó la
multa, de 302 euros, impuesta por el subdelegado del Gobierno de
Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco. "Estamos multadas no por
grabar, sino por 'perturbar' el orden publico, lo que pasa es
que no es cierto y podemos demostrarlo por las grabaciones".
El Defensor del Pueblo sostiene en varias resoluciones que las sesiones de los plenos son
públicas y, como tales, pueden ser grabadas y difundidas.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/21/navegante/1353498089.html
