La deuda de la Administración autonómica asciende ya a 4
millones de euros, afecta a 2.500 usuarios y pone en jaque 800 puestos de
trabajo
Las entidades pertenecientes a
Córdoba acogió una de esas acciones de protesta, que se inició
poco después del mediodía en el bulevar del Gran Capitán y concluyó en la plaza
de las Tendillas con la lectura de un manifiesto. Fuentes de la Policía Nacional
y de la organización coincidieron en que la manifestación contó con la
presencia de unas 600 personas. Los 40 centros que prestan ayuda a los
discapacitados intelectuales en Córdoba están especialmente preocupados por la
demora en el pago de determinados servicios, como plazas concertadas o talleres
de empleo, por parte de la Junta
de Andalucía. Fuentes de Feaps informaron de que la deuda que la Administración
autonómica mantiene actualmente con estas entidades asciende a cuatro millones
de euros.
La presidenta de la Asociación en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual en Córdoba (Aprosub), Ángela Amate, resaltó que el
retraso en el abono de estas cantidades ha provocado el cierre de las
instalaciones de algunos de este colectivos, al mismo tiempo que dificulta la
viabilidad de otros que siguen prestando servicio. Por este motivo, reclamó su
pago inmediato. Amate agregó que esta circunstancia, unida a los recortes que
se están llevando a cabo desde hace algunos meses, está repercutiendo
negativamente en la calidad del servicio que reciben los 2.500 usuarios de
estos centros en la provincia. El empleo de más 800 personas que desarrollan su
labor en estas entidades sociales también está en peligro por estas demoras en
el pago.
Desde Feaps se subrayó que estas movilizaciones «pretenden
llamar la atención sobre el efecto de estos recortes, y reclamar una garantía
de apoyos y servicios para que nadie pueda quedar fuera de la cobertura
social». «Este colectivo especialmente vulnerable, que alcanza en España una
cifra superior a las 400.000 personas, se ve de nuevo abocado a la exclusión,
al limitarse sus oportunidades de relación con la comunidad y, con ello, su
plena ciudadanía», agregaron desde esta confederación.
En el manifiesto que se leyó al finalizar la protesta se destacó
que «los trabajadores con discapacidad intelectual, tanto de empresas
ordinarias como de centros especiales de empleo están viendo peligrar su
derecho al empleo por falta de respaldo presupuestario de las subvenciones a la
contratación y de retrasos en los pagos a centros especiales de empleo que
hacen muy difícil su viabilidad y competitividad».
Feaps cifró en 25.000 euros el gasto anual que debe realizar una
familia con un discapacitado intelectual. A este gran esfuerzo económico, según
este colectivo, se suman algunas medidas tomadas en los últimos meses en contra
de sus intereses, como la subida del IVA, el recorte de las prestaciones por
desempleo y la eliminación de derechos en cuanto al acceso a la sanidad y las
medicinas. Los manifestantes también denunciaron los recortes registrados en la
aplicación de la Ley
de Dependencia y criticaron la tendencia cada vez más frecuente por parte de la Administración en
aprobar prestaciones para estas personas con falta de autonomía personal, en
lugar de concederles determinados servicios más adecuados para sus necesidades.
De otro lado, los Médicos Interinos Residentes (MIR) se
concentraron ayer en el Reina Sofía y en el centro de la ciudad. El Colegio de
Médicos les mostró su apoyo y pidieron a las autoridades que dialoguen con
ellos.
http://cordoba.abc.es/cordoba/20121123/sevp-centros-discapacitados-riesgo-retrasos-20121123.html
