Francia rechazó
hoy como "base de negociación aceptable" el proyecto de presupuesto
de la Unión Europea
(UE) para el período 2014-2020 del presidente del Consejo Europeo, Herman Van
Rompuy, que contempla un recorte de unos 25.000 millones de euros para la agricultura.
CINCO DÍAS - MADRID - 15/11/2012 - 10:30
El presupuesto de la UE va a necesitar una
relectura. El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, lo ha rechazado hoy a
través de un comunicado de prensa, al considerar que sus cifras no constituyen
una "base de negociación aceptable". "Ese proyecto no constituye
ninguna base de negociación aceptable por Francia sobre el techo de gasto
propuesto para la política agrícola común en sus diferentes dimensiones",
declaró hoy a través de un comunicado el primer ministro francés, Jean-Marc
Ayrault.
Así consta en el borrador de las
conclusiones de la cumbre de líderes que se celebrará los próximos días 22 y 23
y que estará dedicado al marco financiero de la UE para los próximos siete años, según se filtró
ayer a la prensa.
El Gobierno francés considera que la
política agraria común (PAC) debe "ser preservada con el fin de responder
a las necesidades de un sector económico indispensable que, a través de las
industrias agroalimentarias, contribuya de manera determinante al crecimiento,
al empleo y al saldo comercial exterior de Francia y de Europa", agregó el
primer ministro.
El jefe del Ejecutivo galo añadió que
Francia está "dispuesta a trabajar de manera constructiva en la búsqueda
de un acuerdo global" y "pedirá un presupuesto de apoyo al
crecimiento que permita preservar un alto nivel de fondos estructurales".
La disminución planteada por Van
Rompuy, que es menor a la que exigen algunos países como Reino Unido y que se
sitúa en torno a 100.000 millones de euros, pretende facilitar un acuerdo en la
cumbre europea, que se prevé complicada.
Las partidas más afectadas son las
destinadas a las políticas de cohesión y a las regiones, con una rebaja de
29.500 millones de euros, así como las ayudas a la agricultura, que verían
reducida su dotación en torno a los 25.500 millones de euros.