Más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta
sanitaria el próximo 1 de septiembre, una medida con la que el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad espera ahorrar alrededor de 500 millones
de euros.
Ésta es una de las actuaciones del
Gobierno para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad pública, aquejada
de una deuda de 16.000 millones de euros, ante la que se rebelan algunas
comunidades autónomas y profesionales sanitarios,
además de los partidos de la oposición.
Las comunidades socialistas de
Andalucía, País Vasco y Asturias, junto con Cataluña (CiU) y Canarias (CC),
mantendrán la atención a los inmigrantes indocumentados, aunque no han aclarado
cómo. Galicia es la única del PP que lo hará aunque sólo con aquellos
inmigrantes con menos recursos.
La posición de cada comunidad
autónoma es la siguiente:
Andalucía
En palabras de la consejera de Salud
y Bienestar Social de la Junta,
María Jesús Montero, Andalucía seguirá aplicando "exactamente el
mismo" protocolo de asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes en
situación irregular, de forma que se mantendrá "la protección universal de
la salud para el conjunto de los ciudadanos, sean de la procedencia que
sean", y también para los enfermos crónicos. Lo harán mediante un
documento de asistencia temporal que desde los últimos tiempos la comunidad
viene emitiendo para este colectivo, cifrado en "aproximadamente 46.000
personas".
Aragón
El Gobierno de Aragón seguirá
prestando asistencia sanitaria a todas las personas que acudan a cualquier
centro ya sea de atención primaria u hospitalaria, si bien a los no asegurados
se les pasará posteriormente la factura por la atención recibida. En el caso de
los inmigrantes sin tarjeta que no puedan pagarla, la factura será remitida a
su país de origen, "en virtud de los convenios bilaterales de Seguridad
Social suscritos por España con otros países". En una nota enviada a los
servicios de admisión de los centros de salud y hospitales de la comunidad, se
aclara que todos los procesos asistenciales de usuarios que pierdan su
condición de asegurado o beneficiario el día 1 de septiembre y que se hayan
iniciado antes del día 31 de agosto de 2012 "seguirán su curso".
Asturias
El gobierno del Principado ha
garantizado que ningún inmigrante se quedará sin cobertura sanitaria. El
portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, no ha aclarado cómo
se hará esa asistencia, ya que poder darles tarjeta sanitaria o no va a
depender de las órdenes ministeriales, pero ha insistido en que no se quedarán
sin ella por no tener los papeles en regla.
Baleares
Fuentes de la Consejería de Salud del
Gobierno autonómico han señalado que las personas que no tengan derecho a la
tarjeta sanitaria tendrán que pagar, informa Anatol Rohe. De momento no ha
hecho públicos los "flecos" que ultima sobre la aplicación del
decreto del Gobierno y lo hará en estos días. A la espera de resolver las
dudas, las mismas fuentes añaden que están acabando de perfilar la aplicación
del decreto para que provoque "el menor impacto posible".
Canarias
El Gobierno de Canarias "será
respetuoso con la legalidad" al aplicar la nueva regulación, pero
"por un principio de humanidad no se dejará de atender a nadie que lo
necesite y no pueda sufragarse esa atención", según ha anunciado su
viceconsejero portavoz, Martín Marrero, que ha censurado la poca información
que tienen las autonomías sobre el nuevo marco legal, más allá de las
declaraciones que ha hecho la ministra, Ana Mato. El portavoz ha dicho que
desconocen cuántas personas se verán afectadas y ha subrayado que espera una
orden ministerial que detalle lo establecido en el Real Decreto sobre el caso
"de que se preste la atención sanitaria para después facturarla".
Cantabria
Cantabria aplicará la reforma
anunciada por el ministerio que dirige Ana Mato. La consejera de Sanidad de la
región, María José Sáenz de Buruaga, explicó que los profesionales sanitarios
podrán atender a los extranjeros irregulares, pero "fuera del sistema
sanitario público", salvo en los casos establecidos, y ha descartado que
el personal pueda invocar el derecho de objeción de conciencia.
Castilla-La Mancha
La comunidad presidida María Dolores
de Cospedal seguirá al pie de la letra el decreto del Gobierno y atenderá a los
inmigrantes, pero les cobrará fuera de los casos marcados por el decreto del
Gobierno.
Castilla y León
El portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, ha dicho que se intentará cobrar a quienes carezcan de tarjeta
sanitaria, aunque ha reconocido que se meterá "en el cajón de los
impagados" aquellos casos en los que no tenga recursos. Se estima que en
esta autonomía viven entre 4.500 y 5.000 inmigrantes irregulares. La Junta verá «si ese ciudadano
puede pagar los 59 euros mensuales" que establece el convenio por tener
asistencia sanitaria. "A lo mejor hay algunos que sí pueden pagarlo», ha
apostillado.
Cataluña
La Generalitat mantendrá la misma
atención sanitaria que
hasta ahora a las 600.000 personas que en Cataluña pierden su condición de
asegurado a partir del 1 de septiembre, mientras que les dará un plazo de seis
meses para regularizar su situación. De este grupo, 180.000 son inmigrantes
'sin papeles' y el resto tienen la nacionalidad española pero son casos de
personas con rentas superiores a 100.000 euros -que no están cubiertos según el
decreto-, religiosos o algunos profesionales liberales o personas que
simplemente deben actualizar sus datos de residencia. Todos ellos tienen
garantizada en Cataluña la atención primaria, las urgencias y la atención a las
embarazadas, pero deberán regularizar su situación y pasar un evaluación del
Servicio Catalán de la Salud
(CatSalut) para acceder a la atención hospitalaria especializada, con el
objetivo de evitar el turismo sanitario. Una vez pongan al día sus datos de
residencia recibirán un documento similar a la tarjeta sanitaria que les dará
la misma cobertura integral del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), siempre
que no mantengan un nivel de renta superior a 100.000 euros.
Por su parte, los inmigrantes 'sin
papeles' deberán acreditar que llevan más de tres meses empadronados para tener
una tarjeta sólo válida en Cataluña que garantiza el acceso a la atención
primaria. A partir del segundo año de residencia acreditada, ya podrán acceder
a la atención. En cambio, los recién llegados que no cumplan el requisito del
padrón tienen derecho únicamente a lo que establece el decreto del Gobierno.
Comunidad Valenciana
El presidente de la Generalitat valenciana,
Alberto Fabra, ha señalado que se seguirá los criterios comunes que se den en
toda España en materia de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares, que
se calculan en torno a 30.000 personas. El coste de la prestación se le
facturará a su seguro (en el caso de que lo posea), a su país de origen (si
existe convenio bilateral) o al propio paciente. El conseller de Sanidad, Luis
Rosado, ha reconocido que muchas de estas facturas quedarán sin abonar, bien
porque el enfermo no tenga recurso alguno para pagarlas o bien porque haya
mentido al registrar sus datos en el centro de asistencia. "Sabemos que en
estos casos no podremos hacer nada, pero es que el objetivo verdadero es evitar
el abuso de los que sí pueden pagar", casos como el del "turismo
sanitario", ha remarcado.
Extremadura
El consejero de Salud y Política
Social de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, explicó el pasado día 29
que se cobrará a los inmigrantes irregulares: "Se intentará cobrar a todos
aquellos que tengan la obligación de pagar, igual que pagan todos los
ciudadanos, y los que no puedan pagar, se les facturará y se les intentará
cobrar a sus países de origen mediante convenios bilaterales". Según
cálculos del Gobierno extremeño, hay unas 1.250 personas en situación
irregular.
Galicia
Es la autonomía del PP que se
desmarca de la línea oficial y atenderá a los inmigrantes irregulares con menos
recursos. El límite que marca para atenderles en los servicios ordinarios es
acreditar que se gana menos de 532 euros al mes (la cuantía del IPREM). También
exigirá estar empadronado desde antes del 1 de septiembre. La Xunta cifra en 9.000
personas los beneficiados. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha
explicado que estas personas tendrán un documento del Servicio Gallego de
Salud, ya que la tarjeta sanitaria "sólo la puede dar el Ministerio".
La
Rioja
Esta autonomía gobernada por el PP
atenderá a los extranjeros que carezcan de tarjeta sanitaria pero se les cobrará "porque no tienen derecho ni
están amparados con ninguna fórmula". El consejero de Salud de La Rioja, Jose Ignacio Nieto,
ha calculado que 4.000 extranjeros estarán en esta situación de los que hay que
excluir unos mil menores. Si existe un uso indebido de las urgencias (que sí
atenderán a los 'sin papeles') como subterfugio, también se cobrará.
Navarra
El Gobierno foral garantizará el
servicio habilitando unas ayudas que cubran el coste de la asistencia para
quienes acrediten que no pueden pagar la sanidad. Fija varias condiciones para
acceder a estas ayudas: no ganar más de 532 euros al mes (el IPREM), llevar más
de un año empadronado o no tener antecedentes penales. Navarra calcula que
tiene 2.150 inmigrantes en situación irregular mayores de 18 años que necesitarían
de esta línea de crédito.
Madrid
Esperanza Aguirre resume de esta
manera la nueva situación: "Está claro que no podemos atender a los
ciudadanos del mundo entero, porque no sería posible. La Ley ha dicho en qué casos se
trata a las personas que están ilegalmente aquí. Y esos casos incluyen las
enfermedades crónicas que están siendo tratadas, lo que no incluye que empiecen
a venir los crónicos ahora nuevos".
Los extranjeros que se encuentren en
Madrid y no coticen a la
Seguridad Social, que no sean ni asegurados ni beneficiarios,
deberán pagar una cuota mensual si quieren tener cobertura sanitaria completa.
Los ‘sin papeles’ sólo serán atendidos gratuitamente en urgencias, así como
durante el embarazo, parto y postparto, y en el caso de los menores de 18 años,
tal y como establece el decreto. La atención en urgencias por enfermedad grave
o accidente se dará hasta el alta médica, si luego se necesita un seguimiento
se le cobrará.
Por otra parte, todos los pacientes
cuyos tratamientos se hayan iniciado antes del 31 de agosto de 2012
"seguirán siendo atendidos, sin que generen ningún tipo de facturación de
su importe al usuario".
Murcia
Al igual que en otras autonomías del
PP, el Gobierno regional aplicará la fórmula por la que apuesta el Ministerio de
Sanidad. Los inmigrantes ‘sin papeles’ tendrán derecho exclusivamente a las
urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años, enfermos
crónicos que ya estén recibiendo tratamiento y tratamientos de enfermedades
transmisibles.
País Vasco
Es una de las comunidades que se
rebelan contra Ana Mato. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha asegurado
que el Gobierno vasco va a"simplemente,
desobedecer" los
recortes en Sanidad y los inmigrantes "van a seguir siendo atendidos como
debe ser". Por tanto, la situación en esta comunidad autónoma continuará
como hasta ahora.
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