El Gobierno catalán que preside Artur Mas ya ha logrado recaudar con esta tasa 8 millones de euros mensuales, lo que se traduce en 40,2 millones desde que se implantó esta medida.
En la misma línea, la administración madrileña espera ingresar 83 millones de euros a pesar de que insiste en subrayar que el objetivo de este copago no es recaudatorio, sino disuasorio.
Exentos
Además, la medida incluye un tope de 72 euros para los usuarios no exentos del pago. Entre las personas a las que no les afectará la nueva tasa se encuentran los afectados por síndrome tóxico y personas con discapacidad, las personas perceptoras de rentas de integración social, los beneficiarios de pensiones no contributivas, los parados de larga duración que hayan agotado el subsidio de desempleo y las personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
La tasa deberá abonarse en las farmacias por cada receta dispensada y el usuario recibirá un ticket de compra en el que figurará el pago. La Consejería de Sanidad habilitará una aplicación informática accesible a todas las oficinas de farmacia para conocer cuándo el usuario alcanza el tope de 72 euros pero no estará disponible hasta febrero.
Inconstitucionalidad
Sin embargo, tanto el Gobierno madrileño como el catalán tendrían que retirar el copago farmacéutico si finalmente el Gobierno central les obliga después de que el Consejo de Estado lo haya considerado inconstitucional.
La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya avanzaba a finales de 2012 que haría lo mismo con la Comunidad de Madrid que con Catalunya respecto al euro por receta. "Vulnera la normativa estatal prevista para garantizar la coordinación general de la sanidad y la legislación de productos farmacéuticos”, añadía.
Pese a este aviso, el Gobierno de Madrid insiste en que esta tasa está dentro de sus competencias autonómicas referidas a actos administrativos y es perfectamente complementaria a la norma estatal.
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