El Pleno admite a
trámite el recurso del Gobierno contra la medida aprobada por la Generalitat el pasado
mes de marzo.
El Pleno del
Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el
Gobierno contra el cobro del euro por receta aprobado
por la Generalitat
de Cataluña el pasado marzo, lo que implica la suspensión de la medida cautelar
de la medida durante al menos cinco meses.
Según el artículo 161 de la Constitución , el
Gobierno puede impugnar ante el TC decisiones de comunidades autónomas, lo que
se traduce en su suspensión durante 5 meses, transcurridos los cuales el
tribunal de garantías debe resolver si prorroga la medida cautelar mientras
sigue estudiando el fondo o bien la levanta.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy entiende en su recurso que la medida
implantada en Cataluña afecta
a un supuesto regulado por una ley estatal y alega que las comunidades no
pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos
farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.
«Perjudica» a la igualdad de los españoles
Fue el pasado diciembre cuando la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo
de Ministros de la intención del Gobierno al entender que la tasa catalana «perjudica» a la igualdad de los
españoles al«gravar dos veces» la adquisición de medicamentos.
La vicepresidenta añadió
que el Gobierno solicitaría al tribunal de garantías la suspensión del euro por
receta en Cataluña para «evitar que los ciudadanos sigan pagando» un sobreprecio
que «afecta a polimedicados o personas con más necesidades sanitarias».
El Ejecutivo central atendió entonces el dictamen emitido por el
Consejo de Estado en el que se consideraba que la medida implantada por la Generalitat podía ser «inconstitucional». Se encuentra en vigor desde
junio del pasado año.
En un «ejercicio de coherencia», la vicepresidenta anunció el
pasado viernes que el Consejo de Ministros había acordado recurrir también ante
el Constitucional el euro por receta de la Comunidad de Madrid al entender que vulnera el
«principio de igualdad» de los ciudadanos y se «grava un acto médico».
