Aprovechaban su actividad laboral en
el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para falsificar recetas médicas. En el marco
de la operación 'Recetario', la Guardia Civil ha imputado a tres personas como
presuntas autoras de un delito de falsedad documental en concurso con el de
estafa. Las imputaciones, llevadas a cabo en las localidades de Santisteban del
Puerto y Úbeda, se produjeron a raíz de las gestiones iniciadas el pasado mes
de julio por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
En
el transcurso de las investigaciones se puso de manifiesto el uso fraudulento
en la utilización de recetas médicas por parte de un facultativo que
desarrollaba su labor como médico de refuerzo en urgencias y realizaba
sustituciones en un centro comarcal del distrito norte de la provincia
jiennense.
Se
pudo comprobar que el referido facultativo, en ocasiones, realizaba
prescripciones en recetas oficiales del SAS consignando datos de pacientes
pensionistas que realmente no eran los verdaderos destinatarios de la medicación.
Se detectaron también recetas médicas oficiales de las asignadas al referido
doctor que contenían firmas 'imaginadas' alusivas a él y que habrían sido
consignadas por terceras personas.
La
colaboración de personal adscrito al Servicio de Inspección Farmacéutica,
dependiente del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, ha sido
relevante para el esclarecimiento de los hechos.
A nombre de pensionistas
Analizada
y cotejada toda la información, se pudo determinar que eran tres las personas que
cumplimentaron las recetas, quedando suficientemente acreditado que el médico
imputado las expidió a nombre de pensionistas que fueron pacientes de él, pero
de patologías que no presentaban y por las que no fueron visitados, sin que
llegaran a ser los reales 'beneficiarios' de los medicamentos en ellas
consignados, obteniendo así los medicamentos gratuitamente en farmacias en las
que los 'usuarios' no habían estado nunca. Una segunda persona habría recibido
recetas del referido facultativo en blanco, para su confección por aquella 'a
demanda'.
En
el transcurso de la investigación también fue imputado un tercero, el cual se
habría valido de la relación laboral dada su condición de conductor-celador del
mismo centro de salud, para obtener también recetas sin la anuencia del médico
y así conseguir medicamentos para el tratamiento de afecciones propias de forma
gratuita, usurpando también identidad de usuarios del SAS.
Los
medicamentos dispensados bajo las recetas eran tratamientos desde el control
del colesterol hasta algunos catalogados como psicotrópicos. El valor de lo
defraudado superaría los 1.500 euros.
