Agentes de la Policía Nacional
han detenido a 197 personas por presuntamente defraudar casi dos
millones de euros a la
Seguridad Social en la Comunidad Valenciana ,
en dos operaciones realizadas en los últimos días en Orihuela (Alicante) y
Castellón, según ha informado Jefatura en un comunicado.
Los detenidos están acusados de crear empresas
ficticias con la única finalidad de ofrecer contratos falsos de trabajo para
obtener subsidios por desempleo y permisos de residencia. Se han desmantelado
dos organizaciones distintas, en el norte y sur de la Comunidad Valenciana ,
mediante las que los falsos trabajadores llegaron a cobrar más de 15.000 euros
en prestaciones de la
Seguridad Social.
Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes
se percataron de la presencia de dos organizaciones criminales: por un lado, la
compuesta por cinco empresarios y tres gestores de la localidad de Orihuela
(Alicante); y, por otro, un entramado de seis mercantiles que suponían "un
auténtico modus vivendi" para cinco de los detenidos.
Ambos entramados empresariales se habían
constituido de forma ficticia con el objetivo de cobrar a los falsos
trabajadores por la obtención de un inexistente contrato de trabajo que les
permitiese el cobro de prestaciones o subsidios del Servicio Público de Empleo
Estatal (SPEE), así como la regularización de su situación en el caso los
ciudadanos extranjeros.
Además del fraude derivado del cobro irregular de
subsidios, gran parte de las empresas tampoco satisfacía el pago de las cuotas
de seguros sociales de los falsos empleados dados de alta, superando en algún
caso la cuantía que transforma dicha deuda en un delito penal y reportando
grandes beneficios a los responsables.
Esta operaciones han culminado esta semana en la
que, además, los ministerios del Interior y de Empleo firmaron un convenio de
colaboración para luchar de forma conjunta contra el fraude en el empleo y la Seguridad Social.
COBRO POR CONTRATOS
Los ahora arrestados cobraban cantidades que
oscilan entre 200 y 3.000 euros por cada contrato, según el tiempo de su
duración. Los falsos trabajadores accedían a las prestaciones o subsidios por
desempleo, llegando a cobrar en algunos casos hasta 12.000 euros.
En el caso de los ciudadanos extranjeros, los
responsables de la organización seleccionaban a otras personas que actuaban
como intermediarios para su captación. La Policía se estima que más de 200 personas podrían
haber obtenido ilícitamente la residencia en España de esta forma, así como
haber defraudado más de un millón de euros a la Seguridad Social.
En el caso de Castellón, las investigaciones
comenzaron tras detectarse por parte de la Seguridad Social
ciertas anomalías en una de las mercantiles investigadas, por lo que los
investigadores solicitaron al SPEE los expedientes por desempleo de los
supuestos empleados. Fruto de las gestiones policiales, de la obtención de
declaraciones de trabajadores y del análisis de la documentación obtenida en
diferentes registros públicos, los agentes pudieron determinar que la práctica
totalidad de estas empresas se había creado exclusivamente para defraudar a la Seguridad Social.
Entre los detenidos, que ya contaban con
antecedentes por este delito, figuran los administradores de las mercantiles
ficticias, un gestor autorizado del denominado Sistema Red --sistema por el que
se agilizan los trámites por Internet a personas autorizadas por la propia
Seguridad Social-- y falsos empleados que habían llegado a cobrar más de 15.000
euros en prestaciones.
INFORME DE LA
SPEE
La cantidad defraudada por la trama asciende a
814.884,68 de euros, de los que 665.151 de ellos por impagos a la Tesorería General
de la Seguridad
Social , y 149.733 euros mediante subsidios percibidos
ilícitamente del SPEE. Por el momento no se ha podido cuantificar el montante
total del fraude al SPEE, al estar pendiente de recibir un informe del SPEE de
una de las empresas investigadas, por lo que la investigación queda abierta.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría Local de
Castellón, de la Unidad
Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales
(Ucrif) y de la
Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante.
