ABC.ES
Día 05/06/2013 - 12.56h
Entre los sindicatos, la FRMP y los partidos
Los sindicatos
CCOO, UGT y CSI-F, la Federación Regional
de Municipios y Provincias (FRMP) y PP, PSOE e IU han
alcanzando un acuerdo para prorrogar los convenios colectivos actuales que no
se han renovado, pacto que se podría trasladar al resto de las administraciones
públicas.
La secretaria de Administración Local
de la FSP-UGT
Castilla y León, Soledad Marcelino Guantes, además de
anunciar que el acuerdo con la
FRMP se firmará en los próximos días, destacó que se trata de
un pacto fundamental, dado que con la entrada en vigor de la Reforma Laboral ,
los convenios que no estén negociados antes del 8 de julio desaparecen y las
relaciones laborales pasan a regularse con el Estatuto de los Trabajadores. El
acuerdo, según explicó el
secretario general de la
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO
Castilla y León, Carlos Julio López Inclán, supone un “empujón” a la
negociación colectiva que aún está pendiente en Castilla y León y además, “nos
sumamos al acuerdo alcanzado a nivel nacional entre CCOO y UGT con CEOE y
Cepyme para garantizar la ultraactividad de los convenios”.
El acuerdo con la
FRMP insta a agiliza la negociación, recomienda a los
Ayuntamientos a aprobar en los plenos la prórroga de los convenios colectivos
cuando exista una situación de bloqueo, aconseja que se incluyan cláusulas de
ultraactividad en los nuevos convenios y plantea acudir a los mecanismos de
arbitraje y mediación cuando existan conflictos. Además, anunció que en la
actualidad se está negociando en las Cortes una resolución que va en la misma
línea que este acuerdo. “Afortunadamente, los sindicatos hemos logrado alinear a
todos los actores que intervienen en la negociación colectiva de la Administración
local para resolver, de la mejor forma posible, la posible pérdida de
ultraactividad de un gran número de convenios”.
Municipios
Al mismo
tiempo, el secretario de
acción local de CSI-F Castilla y León, Amadeo García Álvarez, indicó que
los sindicatos también están preocupados con la Ley de Ordenación de Territorio que tramita la Junta y, especialmente, con
la reforma de la administración local que plantea el Gobierno. García Álvarez
explicó que en caso de aplicarse la Ley para la Racionalización y
Sostenibilidad Local tal y
como está planteada en su anteproyecto, el 97,4 por ciento de los ayuntamientos
de la región, al ser menores de 5.000 habitantes, reducirán sus competencias,
por lo que los funcionarios tendrá que ser asumidos por las diputaciones o la Junta.
En este sentido matizó que el mayor problema se planteará para
el personal laboral de estos municipios, unos 18.000 trabajadores en toda la región.
“Queremos llegar a acuerdos y convenios para que no se desangre la Administración
local y los servicios públicos que ahora se prestan sean privatizados. No
estamos en contra de una reforma de las administraciones locales, pero siempre
que se respeten los derechos de los trabajadores y los puestos de trabajo”.
Por su parte,
López Inclán mostró su confianza en el
Gobierno de marcha atrás y
modifique la Ley
para la
Racionalización y Sostenibilidad Local, cuyo anteproyecto fue
presentado al Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, teniendo en cuenta
el rechazo de muchas diputaciones y comunidades autónomas gobernadas por el PP,
incluida la propia Junta de
Castilla y León. Mientras tanto, Soledad Marcelino, aseguró que tanto la
reforma local del Gobierno como la Ley de Ordenación del Territorio de la Junta son normas “generalistas, que no
entran en el fondo de la cuestión, y economicistas, dado que sólo tienen en
cuenta la estabilidad presupuestaria. Está claro que son medidas para ahorrar,
algo que nos parece muy bien, pero sin olvidarnos de la calidad de los
servicios y del empleo de los trabajadores”.
Los representantes de los tres sindicatos realizaron estas
declaraciones al inicio de unas jornadas celebradas en Valladolid en las que
analizaron las repercusiones de las reforma del Régimen Local que planea el
Estado y la futura Ley de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.
