El paro ha aumentado en 671.700 personas, hasta rozar los
seis millones de desempleados.
Entre las medidas más controvertidas de la reforma están
la reducción de la indemnización por despido improcedente.
Han aumentado los expedientes de regulación de empleo.
El Gobierno y la patronal la siguen defendiendo; los
sindicatos y la oposición la califican de fracaso.
Se cumple
un año de la reforma laboral los expertos y el Ministerio de Empleo
siguen defendiendo la bonanza de la reforma, mientras los sindicatos consideran
que ha empeorado el mercado laboral porque se ha convertido en una
"máquina" de destruir empleo. El 10 de febrero de
2012 se aprobó la reforma laboral, que, según el Ejecutivo, ha sido la más
profunda y ambiciosa que se ha acometido en España.
Pese a ello, y según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2012 el paro
aumentó en 671.700 personas, hasta rozar los seis millones de desempleados y se
destruyeron 850.500 puestos de trabajo.
Entre las
medidas más controvertidas de la reforma están la reducción de la indemnización
por despido
improcedente en
los contratos indefinidos de 45
a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24
mensualidades frente a las 42 anteriores.
También
que el
despido objetivo (que
permite a las empresas echar por causas económicas, organizativas, técnicas o
de producción con una indemnización de 20 días por año trabajado) podrá
aplicarse cuando la compañía tenga una caída de ingresos durante tres
trimestres consecutivos.
El despido objetivo podrá aplicarse
cuando la compañía tenga una caída de ingresos durante tres trimestres
consecutivos
La reforma dota a las empresas de mayor flexibilidad para que,
ante situaciones de crisis, no recurran al despido y que sea la última opción.
Sin embargo, los últimos datos (de noviembre de 2012) reflejan que los expedientes de regulación de
empleo comunicados
habían aumentado un 66,25% frente al mismo periodo de 2011 (hasta 29.958) y
afectaron a 406.810 trabajadores, el 45,8% más.
La mayoría
de los ERE fueron
pactados (27.239) y, de ellos, 12.784 fueron de suspensión temporal y 10.534 de
reducción de jornada, en comparación con los 3.921 de extinción, que se
mantuvieron en niveles parecidos a los de 2011.
Sincatos vs Gobierno y patronal
El
Gobierno está convencido de que si la reforma se hubiera acometido en 2011 se
hubiera destruido la mitad de empleo, algo en lo que coincide la
patronal CEOE, mientras que CCOO y UGT creen
que los datos ponen de manifiesto el fracaso de la norma.
El
Ejecutivo valora que en enero de 2013 se
hayan firmado 1.101.819 contratos (un 5,72 % interanual más) y que de ellos,
100.609 fueran indefinidos, lo que supone un aumento de 22.245 (28,39%)
respecto al mismo mes de 2011.
El
presidente de la CEOE , Juan
Rosell, cree que la reforma introduce elementos de flexibilidad
que antes no existían, aunque precisa que todavía no hay suficientes elementos
objetivos para juzgarla, porque suelen funcionar cuando la situación económica
es normal.
Tajante,
el secretario general de UGT, Cándido Méndez, considera que la reforma ni ha
funcionado ni lo hará y no ha conseguido ninguno de los objetivos planteados
por el Gobierno: no ha evitado que haya aumentado la destrucción de empleo y no
ha posibilitado la flexibilidad interna.
El
secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, cree que sólo ha servido para
destruir empleo, devaluar los salarios y provocar más conflictividad social.
Otra
consecuencia negativa que apunta es que el contrato de emprendedores no se está utilizando para hacer fija
a la gente, sino para cambiar a trabajadores mayores por jóvenes y a
indefinidos por temporales sin estabilidad alguna.
El
director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Joaquín Trigo,
opina que, pese a los malos resultados del paro, la nueva ley permite ajustarse
mejor a las empresas y, sobre todo, "ha quitado el miedo a contratar", según
ha dicho esta semana. Se ha mostrado convencido de que la bondad de esta ley se
verá en cuanto comience a reducirse el coste de la deuda y empiece a recuperarse
la economía. El economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, valora que se
haya reducido la ultraactividad de los convenios (la prórroga automática cuando
expiraban) y que haya bajado el coste del despido procedente.
Pese a ello, ha señalado que las leyes y las reformas no crean
empleo y que la combinación de recesión, "austericidio" y bajada de
despidos ha sido "desastroso" y ha provocado el despido de 900.000
contratos indefinidos, un "récord histórico". Para los autónomos de
UPTA y ATA la norma favorece más a los que tienen asalariados a su cargo y
apenas afecta a los emprendedores sin plantilla.
