MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La reforma de la
administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las
pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al
menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las
retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación
del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros
los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.
Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por
el Consejo de Ministros en julio del año pasado y han desaparecido del nuevo
informe que este viernes ha visto el Consejo de Ministros.
El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace un
año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales,
con la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la
oposición, especialmente con el PSOE.
El camino ha sido tortuoso y le ha granjeado al
Gobierno las críticas de alcaldes de su propio partido, discusiones con las
autonomías por una posible invasión de competencias, dudas de la FEMP y el rechazo absoluto de
los socialistas.
Conforme han avanzado los meses, las negociaciones y
la contestación, algunos asuntos muy destacados de la reforma inicial se han
eliminado. Es el caso de la reducción de concejales, situada en un 30 por
ciento en julio del año pasado, cuando se aseguró que ningún pleno municipal
contaría con más de 35 asientos; hace unos días, esa rebaja se situaba ya en el
10 por ciento, según las fuentes consultadas por Europa Press, y hoy se ha
reducido a cero.
En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, se
anunció su equiparación, para los de las ciudades mayores, al sueldo de un
secretario de Estado; esto es, 68.981 euros. No se dijo entonces lo que hoy ha
aclarado el ministro Cristóbal Montoro, que ese sueldo lleva añadidos varios
complementos que elevan la retribución final a los casi 100.000 euros.
Pese a todo, se ha multiplicado el ahorro que según
el Gobierno se puede lograr con esta reforma: 7.129 millones de euros, el doble
de los 3.500 previstos inicialmente. Fundamentalmente, porque cada competencia
será ejercida por una sola administración y porque desaparecerán empresas
públicas y entidades intermedias, como las mancomunidades.
El proceso de reforma, en cualquier caso, va a ser
largo y aún caben nuevas modificaciones. Fuentes del Gobierno aseguran que la
iniciativa, que por el momento es solo un informe, no se convertirá en ley
probablemente hasta el año que viene, es decir, en vísperas de las próximas
elecciones municipales de 2015. Será en la próxima legislatura local cuando
todas estas novedades empiecen a surtir efectos.
NEGOCIACIONES DIFÍCILES
Habrá tiempo por tanto para retomar negociaciones
rotas y profundizar en las que el Gobierno aún mantiene. El departamento que
dirige Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Local, ha recibido
cientos de aportaciones de comunidades autónomas, de expertos, de diputaciones,
ayuntamientos y partidos políticos.
Las negociaciones han sido intensas también con el
PSOE desde el principio del proceso. Ambas partes intercambiaron propuestas y
las relaciones han sido fluidas entre los dos principales partidos del país,
con Javier Arenas (PP) y Gaspar Zarrías (PSOE) a la cabeza.
Pese a todo, las posturas se han distanciado ante la
convicción socialista de que el interés principal del Gobierno es privatizar
servicios que ahora son públicos. Así las cosas, y al entender que sus
propuestas no eran escuchadas, el PSOE dio por rota la negociación.
No han sido tampoco fáciles las cosas con los propios
municipios del PP; primero, con los de tamaño menor, que en un principio se
vieron abocados a la desaparición. Finalmente, los que no sean eficientes
dejarán de prestar servicios, que serán ofrecidos por la diputación, pero no se
disolverán.
La reforma ha tenido otros aspectos que no han
gustado a los ayuntamientos, al margen de su color político; por ejemplo, que
los interventores municipales vuelvan a responder ante Hacienda y no ante el
alcalde.
