Sergio Saiz. Madrid
04/11/2013
El TSJ de Andalucía acepta que una compañía incluya en un expediente de regulación de empleo a parte de los representantes de los trabajadores si existen causas laborales justificadas y objetivas.
Los miembros del comité de empresa
cuentan con la garantía legal de ser los últimos cuando se trata de recortes de
plantilla, una protección que les garantiza poder defender al resto de
compañeros sin miedo a represalias. Sin embargo, una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha abierto la puerta a que los representantes
sindicales puedan incluirse en un expediente de regulación de empleo si existen
causas laborales objetivas. En este caso, el juez da la razón a Isofotón, que
había decidido despedir a tres miembros del comité porque la reestructuración
de plantilla incluía la amortización de sus puestos y consideraba que no se les
podía recolocar en otra función.
La sentencia “no dice tajantemente que
se pueda” despedir a las personas que integran el comité de empresa, “sino que
cabe la posibilidad de hacerlo”, matiza Eduardo Gómez de Enterría, Socio de
Sagardoy. El TSJA entiende “que sí cabe el despido objetivo y que no prevalece
la garantía” a los miembros del comité en casos concretos, como el de Isofotón,
una compañía que atraviesa una difícil situación financiera tras el recorte de
las ayudas en el sector fotovoltaico y que ha anunciado otro ERE hace tan sólo
unos días.
Esta reclamación se ha planteado dentro
de la demanda colectiva contra las medidas adoptadas por la empresa y ya ha
sido recurrida ante el Tribunal Supremo, que podría tardar más de un año en
emitir un dictamen. Además, la sala de lo social se pronunciará cuando estudie
las demandas individuales.
Argumentos
El fallo, a la hora de aceptar los
despidos de estos empleados, tiene en cuenta que la decisión contaba con el
visto bueno de la
Inspección de Trabajo y que se había comunicado a los
representantes sindicales los argumentos y causas que justificaban la amortización
de esos puestos.
El caso de Isofotón sienta varios
precedentes al pronunciarse la justicia sobre cuestiones que hasta ahora habían
desatado la polémica sobre derechos que se creían consolidados pero que nunca
se habían puesto en entredicho.
Además de la posibilidad de incluir a
miembros del comité de empresa en un ERE, esta sentencia también reconoce el
derecho de una compañía a poner fin unilateralmente a un expediente temporal
(ERTE) que esté en vigor para iniciar un nuevo proceso de recorte de empleo
permanente.
Hasta ahora, existía la creencia
generalizada de que si empleados y dirección acordaban la aplicación de unas
medidas de ajuste temporales hasta una determinada fecha, no se podía aplicar
un ERE hasta que no finalizara ese periodo. El socio de Sagardoy explica que
eso es así “mientras el escenario económico de la empresa sea el mismo”. Sin
embargo, el TSJ de Andalucía reconoce que puede rescindirse cualquier acuerdo
si esta situación sigue degradándose. Es más, Gómez de Enterría asegura que el
espíritu de la ley es que la empresa no espere a estar en liquidación para
aplicar nuevas medidas de reestructuración que permitan salvar el negocio: “Si
se produce un cambio en la situación económica, no hay limitación jurídica para
romper totalmente el acuerdo previo y adoptar nuevas medidas”.
Por otro lado, el tribunal deja claro
que para aplicar un ERE, se valora las cuentas consolidadas del grupo, y se
puede aplicar un expediente aunque haya filiales con beneficio si el conjunto
de la empresa pierde dinero. En el caso de Isofotón, los sindicatos alegaban
que se estaba produciendo una descapitalización, trasladando el negocio de
España a Estados Unidos. El socio de Sagardoy explica que de la sentencia se
desprende que “no cambia la realidad de una empresa que una de sus filiales
tenga beneficios si ésta no es capaz de compensar al resto de divisiones”, algo
que queda patente en las cuentas consolidadas. Isofotón está en concurso de
acreedores desde hace unos meses y está al borde de la liquidación tras el
rechazo del administrador al último plan de viabilidad.
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