Agentes de la Policía Nacional,
en colaboración con Inspección de Trabajo, han detenido a un español de 54
años, propietario de una gestoría y titular de diversas empresas y varias
fincas rurales, de la zona de Palma de Mallorca por un delito contra los
derechos de los trabajadores y otro de discriminación laboral, dado que pagaba
a sus empleados 70 euros semanales por diez horas diarias y seis días a la
semana.
Agentes de la Policía Nacional , en colaboración con Inspección
de Trabajo, han detenido a un español de 54 años, propietario de una gestoría y
titular de diversas empresas y varias fincas rurales, de la zona de Palma de
Mallorca por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de
discriminación laboral, dado que pagaba a sus empleados 70 euros semanales por
diez horas diarias y seis días a la semana.
En un comunicado, la Jefatura Superior
de Policía de Baleares ha informado de que las indagaciones de la denominada
operación 'Sa Flor' se iniciaron hace unas semanas, cuando se recibieron
diversas denuncias, comunicando las numerosas irregularidades que se estaban
produciendo por parte de un empresario en Palma y que podría estar atentando
contra el derecho de varios trabajadores extranjeros, principalmente de origen
marroquí.
Las victimas, dos ciudadanos de origen
marroquí, contratados por dos horas diarias como jardineros, eran obligadas a
realizar jornadas laborales de hasta 10 horas diarias percibiendo únicamente 70
euros semanales y teniendo únicamente un día a la semana libre, el cual según
las necesidades del propio empresario podía ser disfrutado, o no.
Así, según la Policía , los trabajadores
realizaban funciones de albañiles, jardineros, traslado de muebles y enseres
sin ningún tipo de medidas de seguridad acorde a la legislación laboral
referente a la Ley
de Riesgos Laborales.
Concretamente, según la versión
policial, los dos trabajadores, residían en la finca agrícola en la que
trabajaban, en condiciones "infrahumanas", incluso sin agua corriente
para aseo personal y baño, debiendo a tal efecto sacar el agua de un pozo de la
finca, y si por ello se quejaban, eran amonestados diciéndoles "mejor
estáis aquí que aparcando coches".
Ante tal situación, se procedió a la
realización de una Inspección junto a la Delegación de Trabajo y Seguridad Social,
identificando a cuatro trabajadores, dos marroquíes y dos rumanos, y
procediéndose a la intervención de diversa documentación.
Las víctimas, los dos ciudadanos
marroquíes, llevados por sus diferentes situaciones económicas y personales
(cargas familiares), y por miedo a perder su única fuente de ingresos, se veían
obligados a aceptar las condiciones laborales impuestas por el empresario,
dándose la circunstancia de que mientras los ciudadanos rumanos cobraban en
torno a los 600 euros mensuales por cinco horas de jornada diarias durante seis
días a la semana, los ciudadanos marroquíes, por diez horas diarias y seis días
a la semana cobraban 70 euros a la semana.
(EuropaPress)
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