martes, 5 de noviembre de 2013

LAS SANCIONES A AZSA POR EL MERCURIO, PARALIZADAS POR ORDEN DEL JUEZ

La diferente valoración del accidente por parte de Inspección y de Prevención ralentizan el proceso


 Las sanciones propuestas por el Inspector de Trabajo encargado de la investigación de las causas del accidente del mercurio de diciembre pasado en las instalaciones de la empresa Asturiana de Zinc están paralizadas por orden judicial. La diferente valoración del siniestro por parte de la Inspección y del Instituto Asturiano de Riesgos Laborales está en el fondo del asunto, aseguraron ayer desde Comisiones Obreras (CC OO), sindicato personado en la causa. Para Trabajo el accidente que afectó a 50 trabajadores de la empresa Ingeniería Montajes del Norte (Imsa) es "muy grave", mientras que el Instituto de Prevención considera que el accidente fue "leve". Se da la circunstancia de que este es un órgano asesor del Inspector de Trabajo y que la potestad sancionadora está en manos del funcionario estatal y no del servicio regional.
La intoxicación por mercurio de los trabajadores de Imsa se debió, según el informe del Inspector de Trabajo, a una serie de irregularidades "en cascada" en materia de seguridad laboral que tuvieron su origen, según el mismo documento, en la incapacidad de la empresa metalúrgica de San Juan de Nieva de evaluar el verdadero riesgo que suponía la "indubitada" concentración del metal en los intercambiadores en los que trabajaban los afectados. Así, Azsa es, para el Inspector, "responsable directa, prinipal y única" de lo acontecido.
El próximo día 3 de diciembre se cumple un año desde que saltaran las alarmas. La mayoría de los afectados se ha organizado en la Asociación Asturiana de Intoxicados por Metales Pesados y otros Agentes Químicos. Recientemente, los abogados de varios de los ex trabajadores de Imsa intoxicados mantuvieron un primer contacto con responsables de la multinacional del cinc en la que cada una de las partes expuso su punto de vista sobre la forma de compensar económicamente a los intoxicados con metal pesado. En esas conversaciones mantenidas entre los representantes de los trabajadores y de Azsa, según pudo saber este periódico, no se habló de cantidades concretas, pero quedó claro que a priori existe la voluntad mutua de tratar de alcanzar un acuerdo compensatorio que evite, si llega el caso, la apertura de un procedimiento penal. No obstante, la complejidad del suceso y los diferentes puntos de vista que existen en el seno del colectivo de intoxicados hacen prever que de alcanzarse algún tipo de acuerdo, el mismo tardará en llegar.

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