VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)
En
su fallo, la sala que preside Feliciano Trebolle mantiene la sentencia dictada
en 2011 por el Juzgado de lo Penal 4, que consideró a los condenados autores de
un delito contra la seguridad de los trabajadores y de otro de muerte
imprudente, de ahí su decisión de imponer a cada uno de ellos, los
constructores Miguel C.N. y Jacinto O.P, junto con el aparejador y responsable
de seguridad de la obra, Salvador M., una pena de un año y medio de cárcel,
además del pago, de forma conjunta y solidaria, de indemnizaciones por importe
de más de 150.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La
única novedad con respecto a la condena dictada en primera instancia radica en
que la Audiencia Provincial ha estimado ahora el recurso de
apelación de la aseguradora Asemas. Ésta, junto con Fiatc y Musaat, figuraba
como responsable civil directo del pago de las indemnizaciones, si bien ahora
la primera de las tres ha quedado absuelta de tal obligación.
La
otra modificación estriba en que el tribunal también ha dado la razón en parte
al responsable de seguridad de la obra, Salvador M. Sobre el apelante y sus dos
compañeros de banquillo había recaído una suspensión de dos años para el
ejercicio de la actividad profesional, en el caso de Miguel C.N. y Jacinto O.P.
como empresarios de la construcción, que se mantiene invariable, mientras que
en el caso de Salvador M. la condena le inhabilitaba como arquitecto técnico y
a su vez coordinador de seguridad, aunque ahora la Audiencia de Valladolid
aplica el principio 'non bis in idem' y tan sólo le mantiene la imposibilidad
de desarrollar la segunda de ambas actividades.
Durante
el juicio, donde el Ministerio
Fiscal y la
acusación particular solicitaron penas de entre cuatro y cinco años de prisión,
además del pago de indemnizaciones, por el mismo orden, de 155.000 y 292.000
euros, los tres acusados se declararon inocentes y derivaron la responsabilidad
a los escayolistas, a los que atribuyeron la retirada de uno de los puntales de
sujeción del montacargas que cayó por el hueco del ascensor y, supuestamente,
arrastró consigo al operario.
DESDE
DIEZ METROS DE ALTURA
El
accidente mortal se produjo sobre las 16.50 horas del día 29 de marzo de 2007
en un edificio en construcción situado en el número 3 de la calle Nueva de La Cistérniga y promovido
por la mercantil Orcasa, donde el operario Miguel del P.S, de 45 años, casado y
con una niña de 4 años, se precipitó por el hueco reservado al futuro ascensor
desde una altura superior a diez metros cuando se hallaba en la tercera planta.
De
lo ocurrido han sido declarados ahora responsables los dos socios y
administradores de la empresa promotora, Miguel C.V. y Jacinto O.P, el primero
en labores de encargado y el segundo en funciones de dirección como arquitecto
de obra, así como Salvador M. de la
V , arquitecto técnico y director de la ejecución, además de
coordinador de seguridad y salud.
Entre
las principales irregularidades detectadas se citan el hecho de que la víctima
hubiera sido empleada sin contrato alguno y sin haber sido dada de alta en la Seguridad
Social, tal y como reconocieron los ahora condenados; la no
presentación en la
Oficina Territorial de la Trabajo de la Junta del Plan de Seguridad y Salud elaborado por
la empresa y la absoluta ausencia de medidas de prevención de accidentes, ni
colectivas ni individuales.
De
hecho, el hueco del ascensor, según denunciaron las acusaciones, carecía de
cualquier medio o elemento de protección colectiva que evitara la precipitación
al vacío del trabajador, tales como redes, vallas, barandillas o plataformas, y
por otro lado no se había dotado a la víctima de los más elementales medios de
protección individual como botas, cinturón o arnés anticaídas, a lo que se
suman las deficiencias en la sujeción de un montacargas o maquinillo para la
subida y bajada de materiales que también cayó al vacío por el hueco del
ascensor.
