SEVILLA, 28 May.
(EUROPA PRESS) -
El sindicato FSP UGT-A ha asegurado que la Ley de reforma de la administración local
"supondrá la pérdida de 40.000 empleos públicos en Andalucía".
En una nota, FSP UGT-A ha
recordado que concentró en Sevilla la semana pasada a más de 120 empleados
públicos de la administración local para analizar, estudiar y debatir el
anteproyecto de Ley para la
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ,
que el Gobierno central "quiere imponer sin negociación previa".
En estas jornadas hubo
ponencias de diferentes ámbitos, político de diputaciones y ayuntamientos, de
diferentes partidos (PSOE, IULV-CA y PA), expertos jurídicos y económicos o
responsables del sindicato a nivel federal, y en las que "se ha considerado,
por unanimidad, que los efectos de la misma serán muy negativos o perniciosos
para nuestras administraciones locales tanto en lo que a destrucción de empleo
se refiere como a la prestación de servicios públicos de calidad y
proximidad para la ciudadanía".
En las diferentes
intervenciones, se ha puesto de manifiesto "la falta de justificación en
el sometimiento de los ayuntamientos al llamado 'coste estándar', coste que
sólo tiene en cuenta un único factor, el poblacional, sin tener en cuenta otra
serie de condicionantes, y que entraña el fin último y principal de esta
reforma, como es la privatización o externalización de servicios públicos
esenciales".
Apunta que es
"mayoritario" el consenso en la consideración de que mediante esta
reforma "no se ha abordado el principal problema que aqueja actualmente a
nuestras haciendas locales, una financiación acorde con los servicios públicos
esenciales prestados".
En cuanto al objetivo
declarado en el anteproyecto de "favorecer la iniciativa económica privada
evitando intervenciones administrativas desproporcionadas", el sindicato
opina que constituye una declaración de carácter ideológico y partidario.
"Su traslado al ordenamiento jurídico, en estos términos y sin matices,
pretende legalizar una práctica política y de gestión de lo público subsidiaria
de la iniciativa privada", ha agregado FSP UGT-A.
Desde la propia federación
se plantearon estrategias sindicales que promueven "el menor daño posible
a la sociedad en la implantación tan poco democrática de esta ley, que buscan
ante todo preservar el empleo público y la prestación al ciudadano de servicios
públicos, gratuitos, universales y de calidad".
MOVILIZACIONES
Como primera medida de
presión se está estudiando organizar para el próximo mes de junio entre UGT y
CCOO marchas de unos tres días de duración que partirían de diferentes puntos
de Andalucía y concluirían en Sevilla.
El Secretario General de
FSP UGT-A, Antonio Tirado, concluía y cerraba las jornadas haciendo un
"llamamiento a todas las fuerzas políticas para hacer un frente común,
pidiéndole un ejercicio de responsabilidad de gobierno real ante el
ataque frontal que esta Ley va a suponer para nuestro sistema democrático, al
que desvirtúa y deja sin sentido en los ayuntamientos afectados; ante el
deterioro de los servicios que de acuerdo a ella se van a prestar; y ante las
consecuencias que su implantación va a tener para la destrucción de empleo,
para impedir su puesta en marcha".
