Siete hombres serán juzgados por la caída que dejó incapacitado a un obrero
Siete responsables de una promotora y una empresa subcontratada, entre los que figuran los jefes de obra, se sentarán en febrero en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña para responder por un accidente laboral en un edificio de la zona de Riazor que dejó incapacitado a un obrero. El fiscal solicita que los siete procesados indemnicen a la víctima con 212.180 euros y, para cada uno de ellos, demanda dos años y medio de cárcel, tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y el pago de una multa de 4.320 euros.
Los procesados, según asegura el representante del Ministerio público, cometieron un delito de lesiones imprudentes en concurso con un delito contra los derechos de los trabajadores. Así, la Fiscalía sostiene que los acusados omitieron las más elementales medidas de precaución exigibles, de acuerdo con sus conocimientos técnicos y funciones, para salvaguardar la vida e integridad física de los trabajadores.
Los acusados no procuraron las medidas de seguridad exigidas legalmente en lo relativo a la colocación y mantenimiento de los andamios colgantes, subraya el fiscal, al tiempo que indica en su escrito de calificación que los miembros de la promotora autorizaron modificar la colocación de los andamios del edificio que construían en la avenida de Buenos Aires, lo que provocó, siempre según el fiscal, que parte de las estructuras quedase inestable.
De hecho, el afectado se precipitó al patio posterior de la vivienda desde una altura de nueve metros después de que la plataforma de andamios colgantes se desplazase. El accidente sucedió en noviembre de 2004. La víctima, como consecuencia de la caída, sufrió heridas por diversas partes de su cuerpo y tardó en sanar de las lesiones 212 días, de los cuales 152 estuvo hospitalizada; y el resto, incapacitada para realizar sus tareas habituales. En noviembre de 2005, el estado concedió al trabajador la incapacidad permanente total, ya que el cuadro neuropsiquiátrico que presenta limita de forma significativa su capacidad.
El representante del Ministerio público destaca en su escrito de calificación que Inspección de Trabajo sancionó a las compañías por cometer una infracción grave, y otra, muy grave, ya que carecían de la normativa de prevención de riesgos laborales.
La empresa de la que formaba parte la víctima fue contratada por la promotora que ejecutaba las obras en el inmueble para la realización de las labores de revestimiento de la fachada interior y de las medianeras. Para ejecutar estas labores, los obreros utilizaban andamios colgantes de accionamiento manual. Una de las estructuras se desplazó cuando el afectado, junto con otro compañero, realizaba comprobaciones porque un vecino del edificio colindante se quejó al promotor de que el andamio le producía molestias.
La Fiscalía sostiene que cada uno de los siete imputados tiene responsabilidad en la caída del operario, por lo que los acusa de cometer un delito de lesiones imprudentes y otro contra los derechos de los trabajadores. El Ministerio fiscal exige que a los miembros de la empresa subcontratada se les impida realizar actos relacionados con la construcción de viviendas durante tres años.
Los procesados, según asegura el representante del Ministerio público, cometieron un delito de lesiones imprudentes en concurso con un delito contra los derechos de los trabajadores. Así, la Fiscalía sostiene que los acusados omitieron las más elementales medidas de precaución exigibles, de acuerdo con sus conocimientos técnicos y funciones, para salvaguardar la vida e integridad física de los trabajadores.
Los acusados no procuraron las medidas de seguridad exigidas legalmente en lo relativo a la colocación y mantenimiento de los andamios colgantes, subraya el fiscal, al tiempo que indica en su escrito de calificación que los miembros de la promotora autorizaron modificar la colocación de los andamios del edificio que construían en la avenida de Buenos Aires, lo que provocó, siempre según el fiscal, que parte de las estructuras quedase inestable.
De hecho, el afectado se precipitó al patio posterior de la vivienda desde una altura de nueve metros después de que la plataforma de andamios colgantes se desplazase. El accidente sucedió en noviembre de 2004. La víctima, como consecuencia de la caída, sufrió heridas por diversas partes de su cuerpo y tardó en sanar de las lesiones 212 días, de los cuales 152 estuvo hospitalizada; y el resto, incapacitada para realizar sus tareas habituales. En noviembre de 2005, el estado concedió al trabajador la incapacidad permanente total, ya que el cuadro neuropsiquiátrico que presenta limita de forma significativa su capacidad.
El representante del Ministerio público destaca en su escrito de calificación que Inspección de Trabajo sancionó a las compañías por cometer una infracción grave, y otra, muy grave, ya que carecían de la normativa de prevención de riesgos laborales.
La empresa de la que formaba parte la víctima fue contratada por la promotora que ejecutaba las obras en el inmueble para la realización de las labores de revestimiento de la fachada interior y de las medianeras. Para ejecutar estas labores, los obreros utilizaban andamios colgantes de accionamiento manual. Una de las estructuras se desplazó cuando el afectado, junto con otro compañero, realizaba comprobaciones porque un vecino del edificio colindante se quejó al promotor de que el andamio le producía molestias.
La Fiscalía sostiene que cada uno de los siete imputados tiene responsabilidad en la caída del operario, por lo que los acusa de cometer un delito de lesiones imprudentes y otro contra los derechos de los trabajadores. El Ministerio fiscal exige que a los miembros de la empresa subcontratada se les impida realizar actos relacionados con la construcción de viviendas durante tres años.
31/01/2012 - laopinioncoruna.es - La Coruña
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.