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A juicio 13 personas tras la muerte de un operario por una descarga eléctrica

Trece personas -nueve empleados de una empresa de gas y otros cuatro de dos empresas subcontratadas se sentaron en el banquillo de los acusados del Penal 1 de Lugo por su presunta responsabilidad en la muerte de un operario de origen rumano en Becerreá, cuando realizaba trabajos de tala y poda para el mantenimiento de las líneas eléctricas.

El ministerio público solicita sendas penas de tres años de cárcel para seis jefes y técnicos de esta empresa de gas y para cuatro directivos y responsables técnicos de las dos subcontratas, todos ellos acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con un delito de homicidio imprudente.

Por su parte, un operador y dos jefes del centro de operación de redes de dicha empresa -que recibió una llamada alertando de que el trabajador corría peligro y decidió no cortar la electricidad- se enfrentan a condenas de dos años de cárcel por homicidio imprudente.

La acusación pública solicita además una indemnización conjunta de 208.603 euros para la viuda y los dos hijos del fallecido, menores de edad, que residían en Rumanía cuando ocurrió el accidente y que vivían del dinero que les enviaba el fallecido.

Los abogados aportaron nuevas pruebas documentales y periciales antes de la vista oral, por lo que la jueza decidió suspender el juicio para que los letrados puedan analizar los documentos. La vista quedó fijada para junio.

Según el fiscal, para realizar los trabajos de mantenimiento en Becerreá, dicha empresa de gas contrató en 2008 a una empresa de instalaciones eléctricas, que a su vez subcontrató a una tercera firma para llevar a cabo las operaciones de limpieza de vegetación, desbroce y poda.

El 2 de mayo de 2008, el responsable técnico de seguridad y salud de esta última empresa y dos de sus trabajadores -hermanos y naturales de Rumanía se trasladaron a la zona para realizar las tareas de tala y poda que les habían encargado y que se iban a realizar sin cortar la línea eléctrica. Los tres hombres iban provistos de un equipo de trabajo, pero no llevaban ningún tipo de protección aislante frente al riesgo eléctrico.

Uno de los operarios -que según el fiscal carecía de permiso de trabajo en España, no estaba dado de alta en la seguridad social y no había recibido formación específica para desempeñar ese trabajo- trepó por un árbol para cortar una rama que había caído sobre la vertical de la línea eléctrica. El joven pretendía rodear la rama con una pértiga de aluminio que llevaba una sierra en su extremo superior, unida a una cuerda de varios metros de longitud con un mosquetón de acero en su extremo, para atraerla hacía sí y evitar que cayese sobre el cable de la línea eléctrica.

Sin embargo, al realizar esta maniobra, la pértiga hizo contacto en el cable eléctrico, por lo que el trabajador quedó imposibilitado para moverse por el peligro de sufrir una electrocución.


El responsable de la firma llamó al centro de operación de redes, una unidad operativa de la empresa desde la que se coordinan las incidencias a nivel nacional, y solicitó que se procediese al descargo de la línea eléctrica para dejarla sin tensión, «dado el riesgo generado para la vida del trabajador». A pesar de que esta persona dio la voz de alarma, el técnico que contestó la llamada, su jefe inmediato y el jefe de turno decidieron no cortar el servicio y enviar al lugar a un técnico de la subcontrata. Finalmente, transcurridos 15 minutos, la cuerda que le servía de aislante se quemó por completo y el operario recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte.

22/12/2011 - elprogreso.galiciae.com - Lugo