viernes, 12 de julio de 2013

AUMENTAN LOS EXPEDIENTES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO POR ERES UN 42 %

El número de expedientes de la Inspección de Trabajo relacionados con expedientes de regulación de empleo y despidos objetivos aumentaron por la crisis en 2012 un 42 por ciento respecto al año anterior, al pasar de 1.413 a 2.010.

Así consta en el informe de actividad y resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón correspondiente al año pasado.
La Inspección de Trabajo detectó en 2012 en Aragón 2.546 infracciones y propuso sanciones por 8.443.551 euros, mientras que tramitó liquidaciones por cuotas a la Seguridad Social por valor de 16.222.892 euros.
Según el informe, el número de expedientes tramitado el año pasado fue de 19.960, un 1,75 por ciento más que en 2011, mientras que las denuncias aumentaron un 0,42 por ciento, hasta 2.832.
La Inspección de Trabajo actúa en prevención de riesgos laborales, trabajo y relaciones laborales, empleo y trabajo de extranjeros, seguridad social y otras actuaciones (informes a juzgados, alegaciones o recursos) y el año pasado, los 63 inspectores y subinspectores realizaron 39.785 actuaciones (la suma de controles realizados sobre cada expediente).
De las 2.546 infracciones detectadas el año pasado, 1.421 correspondieron a Seguridad Social, 645 a seguridad y salud laboral, 200 a relaciones laborales, 147 a empleo y extranjeros y 133 a otras actuaciones.
Las propuestas de sanciones mayores correspondieron a Seguridad Social (4.126.266 millones), seguidas de seguridad y salud (2.165.876), empleo y extranjeros (1.368.446), otras actuaciones (332.587) y relaciones laborales (45.374).
La prevención de riesgos laborales disminuyó respecto a 2011 el 3,53 % debido al descenso constante de la actividad en la construcción, que concentra el 42,64 % del total de controles de prevención.
Las infracciones en materia de prevención descendieron el 11,40 % y la cuantía de las sanciones propuestas el 22,25 %.
De las 645 infracciones detectadas en relación con los riesgos laborales, las mayores cuantías en las sanciones se deben a incumplimientos vinculados a las máquinas y los equipos de trabajo, las condiciones de seguridad de los lugares de trabajo, los servicios de prevención ajenos y la formación e información a los trabajadores.
La Inspección de Trabajo visitó el año pasado 220 empresas con alta siniestralidad y tramitó 376 expedientes con propuestas de sanciones por 3.000 euros y 179 requerimientos para el cumplimiento de la normativa orientada a la reducción de los siniestros.
El año pasado se investigaron 389 accidentes y enfermedades profesionales, se detectaron 139 infracciones y se propusieron sanciones por 784.356 euros (el 36,21 por ciento del total de sanciones en prevención).
En materia de Seguridad Social, el número de expedientes tramitados se ha mantenido respecto al año anterior pero ha aumentado el número de controles el 10,26 por ciento, hasta los 23.330, con 1.421 infracciones detectadas y un importe total liquidado de 20,7 millones, un 17,53 por ciento más que en 2011, y se ha descubierto a 1.895 empleados trabajando sin alta más 141 extranjeros sin autorización para trabajar.
La lucha contra la economía sumergida se tradujo en 2010 en 8.034 expedientes, con 2.036 empleos aflorados, 1.895 trabajadores sin alta a la seguridad social y 141 empleados extranjeros sin autorización.
El número de infracciones a empresas por ocupar a perceptores de prestaciones por desempleo ascendió a 129 y a trabajadores que cobraban prestaciones, a 164, según el informe.
En materia de trabajo y relaciones laborales, se tramitaron 3.844 expedientes y 200 infracciones (con 450.374 euros en sanciones) y los expedientes relacionados con la crisis económica (expedientes de regulación de empleo, denuncias, peticiones de los juzgados por despidos objetivos o cierres de empresas) aumentaron el 42 por ciento, al pasar de 1.413 a 2.010.
La construcción fue el sector sobre el que más expedientes se tramitaron del total, 3.966, seguido de los servicios (3.889), el comercio (3.626), la hostelería (3.235), la industria (2.838), el transporte (959), la agricultura (777), otros (477) y el hogar (193).

jueves, 11 de julio de 2013

ALMUNIA INSISTE EN PEDIR LA DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS A LOS ASTILLEROS

   BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)
   El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha rechazado este jueves los argumentos presentados por el ministro de Industria, José Manuel Soria, y los presidentes autonómicos de Galicia, Asturias y el País Vasco, y ha insistido en pedir la devolución de las ayudas de hasta 3.000 millones concedidas a los astilleros entre 2005 y 2011 mediante las bonificaciones fiscales del 'tax lease'.

   La nutrida delegación española que ha viajado a Bruselas -y que incluía también a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras así como a representantes de los astilleros- no ha logrado convencer a Almunia de su petición de que sólo se tengan que recuperar las ayudas posteriores a 2011.
   El vicepresidente ha aceptado únicamente eximir de la obligación de reembolsar estas subvenciones tanto a los astilleros como a los armadores que compraron los buques, pero no a los inversores y a las entidades que financiaron su construcción. La decisión final se adoptará el 17 de julio por mayoría en el colegio de comisarios.
   "Con argumentos jurídicos hemos visto que se puede excluir de la responsabilidad de devolver las ayudas a los armadores, es decir, a los compradores de los buques. Ya habíamos anunciado que los astilleros no tienen ninguna responsabilidad a la hora de devolución de ayudas. Por lo tanto, queda la devolución de ayudas de los inversores", ha explicado Almunia tras la reunión.
   El vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha desestimado los argumentos presentados por el ministro Soria, que alegaba la "total inacción" de la Comisión desde 2002 cuando se puso en marcha el 'tax lease' español hasta 2011.
   "Nunca nadie dijo nada en contra del sistema de ayudas", ha resaltado Soria tras la entrevista con Almunia. Y ha recordado que en 2009 la entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, escribió en una carta al Gobierno noruego en la que sostenía que "el sistema de ayudas al sector naval español es plenamente compatible con las normas de la competencia en Europa".
   Almunia le ha replicado que, desde que en 2005 Bruselas abrió una investigación al sistema francés de ayudas a los astilleros, que era "muy parecido al español", ya se crea un precedente que obliga a devolver las ayudas. Y ha dicho que la carta de Kroes "no se puede tomar en consideración desde el punto de vista jurídico".
   "Otros argumentos, algunos de los cuales han sido expuestos o reiterados hoy por los representantes del ministerio, de las comunidades autónomas o de los sindicatos, no se pueden tener en cuenta porque no es posible encajarlos en la jurisprudencia que rige la disciplina de las ayudas de Estado", ha insistido el vicepresidente.
   Ante la negativa de Almunia, el lehendakari Íñigo Urkullu y el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, han pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se ponga en contacto con el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, para intentar frenar la decisión.
   "Hacemos una apelación al presidente del Gobierno español para que se pronuncie ante el colegio de comisarios y particularmente ante el presidente de la Comisión Europea", ha dicho Urkullu, que ha sostenido que "hay tiempo para cambios en su posición (de Almunia) y es un tiempo que tenemos que aprovechar".
   En todo caso, el lehendakari ha expresado su "preocupación" porque "no ha habido una respuesta definitiva y satisfactoria a los planteamientos que hemos esbozado ante el comisario de Competencia". A su juicio, el argumento de peso es el de la "inacción" de la Comisión. "No entenderíamos una sanción que se retrotraiga hasta el año 2005", ha señalado Urkullu.
EXIMIR A LOS ARMADORES, INSUFICIENTE
   "No hemos podido solucionar todavía el problema. Seguimos con problemas para asegurar la viabilidad futura de los 87.000 puestos de trabajo que es el sector naval industrial español", ha admitido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo.
   Feijoo ha indicado que el hecho de excluir a los astilleros y a los armadores de la obligación de devolver las ayudas "no arregla el problema". "Sin financiación, los armadores, los clientes, no van a solicitar nuevos pedidos. Y sin financiación, los astilleros no van a poder fabricar barcos. O resolvemos la totalidad del problema o nos vamos a autoengañar", ha dicho el presidente gallego.
   También el presidente asturiano, Javier Fernández, ha afirmado que eximir a los armadores de la devolución de las ayudas "no es suficiente". "El riesgo de colapso de los astilleros sigue existiendo y por tanto debe aplicarse a nuestro juicio que la devolución no tenga lugar más que a partir de 2011", ha insistido.
   "El día 17 se toma por parte del colegio de comisarios la decisión última y yo espero que el comisario de la Competencia lleve una propuesta que recoja esa petición que unánimemente le hemos hecho", ha apuntado Fernández.
DESINDUSTRIALIZACIÓN DE EUROPA
   Almunia les ha respondido que desde noviembre del año pasado hay un nuevo sistema de financiación para los astilleros que ha sido aprobado por la Comisión. "Espero que haya inversores y que haya actividad en el sector, que haya compradores de los barcos que ese sector es capaz de producir y además es un sector que en los últimos tiempos ha desarrollado actividades de innovación que lo hacen ser un sector de punta", ha sostenido.
   El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha pedido a Almunia que reconsidere "en profundidad" su decisión. "Creo que el presidente del Gobierno de España tiene que dirigirse de forma inmediata al señor Barroso para que se apuntale la posición española y el colegio de comisarios resuelva en consonancia con los problemas que esto acarrearía para España", ha insistido Toxo.
   El ministro de Industria ha anunciado que el Gobierno está teniendo "intensos contactos con distintos miembros del colegio de comisarios con el fin de llevarles al convencimiento de que esta es una decisión muy perjudicial para la industria naval española pero lo es también para todo el sector industrial europeo".
   "Al final lo que hemos conseguido es que la actividad industrial en Europa deje de hacerse en Europa y se relocalice en otros mercados como son los asiáticos, fundamentalmente en Corea y en China. Europa no gana absolutamente nada más allá de seguir en un proceso de creciente desindustrialización", ha denunciado Soria.

LOS SINDICATOS DE LA PRISIÓN PIDEN EL CESE DEL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO ALICANTE II DE VILLENA POR SU RECHAZO AL ACUERDO LABORAL

UGT, ACAIP, CSI-F y CC OO denuncian un trato «despótico» y aseguran que la situación para los funcionarios es «insostenible» Plantean medidas de protesta 

PÉREZ GIL 
11.07.2013 | 00:48
Los delegados sindicales de UGT, ACAIP, CSI-F y CC OO, los delegados de prevención del comité de Seguridad y Salud Laboral así como el delegado de personal laboral del centro penitenciario Alicante II de Villena han solicitado, de forma conjunta, el cese del director, Feliciano Crelgo, con el que este diario intentó contactar telefónicamente ayer por la tarde sin conseguirlo. 

La solicitud ha sido enviada al subdelegado del Gobierno en Alicante, Alberto Martínez, y al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y responde, según denuncian los sindicatos, «a que el trato despótico y dictatorial del que viene haciendo gala desde hace años el director de la cárcel se ha multiplicado exponencialmente en los últimos meses, resultando una situación insostenible para los trabajadores de la prisión».
Rechazo a las propuestas
Desde los sindicatos UGT, ACAIP, CSI-F y CC OO se acusa a Feliciano Crelgo de considerar «la prisión como un cortijo ejerciendo de forma sistemática un total rechazo hacia cualquier propuesta o acuerdo laboral presentado por los representantes de los trabajadores». 
Éstos aseguran que desde el mes de marzo del año 2012 no asisten a ninguna de las reuniones que la Ley de Prevención de Riesgos laborales obliga a convocar a la dirección, ejercitando por tanto sus comunicaciones por escrito. «Y durante todos estos meses el director se ha reforzado en su posición antisindical y contraria a cualquier justa petición laboral».
Asambleas de trabajadores
En las asambleas de los trabajadores se han comenzado a planificar medidas de protesta que se llevarán a cabo en breve. «Y mientras esperamos el cese, desde el CSIF dice su delegado Francisco Cadenas seguiremos luchando por los derechos, la seguridad y la salud laboral de toda la plantilla».

FSP-UGT ANDALUCÍA FIRMA UN ACUERDO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

UGT y la Junta de Andalucía firmaron el Acuerdo sobre Derechos de Participación y Representación en Materia de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de la Junta de Andalucía.


 El texto incluye la regulación de los comités de seguridad y salud y un incremento de los derechos de los delegados de prevención otorgándole horas para el ejercicio de sus funciones, logro sindical no recogido anteriormente en la ley.

Este acuerdo nace tras la denuncia por parte de UGT en el año 2003 del anterior acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales, al considerarlo obsoleto y mostrar deficiencias en las necesidades de representación para el personal de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tras un intenso trabajo por parte del sindicato y después de diversas actuaciones para conseguir la negociación, FSP-UGT muestra su satisfacción por el resultado obtenido al firmar este acuerdo, fruto del trabajo sindical.


miércoles, 10 de julio de 2013

DEFENSA CORTA EL AGUA CALIENTE EN UNA PARTE DE LA BASE DE CERRO MURIANO

La orden del Ministerio se engloba entre las decisiones del Plan de Austeridad puesto en marcha para reducir gastos
Los recortes también han llegado a la base de la brigada Guzmán el Bueno X (Brimz X) de Cerro Muriano de una forma radical. Según una orden a la que ha tenido acceso El Día, el Ministerio de Defensa decidió el pasado 25 de junio que se recortaría el agua caliente en todas las instalaciones de la base cordobesa, salvo los alojamientos, hasta mediados del próximo mes septiembre. 

El recorte se enmarca bajo una medida de austeridad "ante el escenario económico actual de reducción de créditos y acorde con el Plan de Medidas de Austeridad", según cita el mensaje del propio Ministerio. De la misma manera, Defensa argumenta que esta decisión se toma "para poder obtener la máxima eficiencia en la optimización del gasto de consumo de agua, luz o gasoil". 

Los militares de la base de Cerro Muriano y el personal que trabaja en el centro militar han recibido esta nueva noticia con cierto malestar. Así, las fuentes consultadas han criticado que en lugar de recortar prestaciones de primera necesidad, "se debería suprimir el uso de vehículos de representación de los jefes de unidad, que se utilizan para uso personal, mientras que el resto de militares tiene que ir de su domicilio al trabajo en sus propios vehículos". 

Lo cierto es que esta medida de recorte en agua caliente, se realiza desde el 26 de junio hasta el próximo 15 de septiembre en "todas las instalaciones de la Base, con excepción de los Alojamientos Logísticos y Residencias de ambos sectores", es decir, la medida no afecta a los establecimientos donde se hospedan altos mandos y tropa, pero sí afectará a vestuarios donde se duchan los militares después de hacer ejercicio a horas tempranas. 

Tanto el personal militar como civil teme que esta orden mandada por del Ministerio que dirige Pedro Morenés afecte a la salud de los usuarios de la base, ya que según algunos de los afectados por esta medida, después de correr ocho o diez kilómetros al amanecer el personal tendrá en un futuro "problemas de reuma, artrosis u otros que daños que puede provocar el ducharse con agua fría todos los días". 

Este periódico trató de recabar, sin éxito, la opinión de los responsables de la base militar de Cerro Muriano, que al menos ayer eludieron explicar las medidas adoptadas. 

La Base militar de Cerro Muria es una de las más importantes del Ministerio de Defensa, de hecho, hace apenas dos meses la Brimz X volvió de su tercera misión de paz en Oriente Próximo. Más de 640 efectivos estuvieron seis meses en el Líbano separados de su familia ayudando en dicho Continente.


OCHO PILDORAS ANTICONCEPTIVAS PERDERÁN SU FINANCIACIÓN PÚBLICA A PARTIR DE AGOSTO

LOS FABRICANTES NO HAN ACEPTADO EL PRECIO FIJADO POR SANIDAD
  Ocho marcas de píldoras anticonceptivas de última generación dejarán de estar financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a partir del 1 de agosto, después de que las compañías fabricantes no hayan aceptado el precio máximo fijado en abril por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el grupo terapéutico de anticonceptivos hormonales.

   En concreto, los fármacos que perderán su financiación pública son 'Dretine' y 'Dretinelle' (Teva), 'Drosure' y 'Drosurelle' (Laboratorios Effik), 'Drosiane' y 'Drosianelle' (Sandoz), 'Liofora' y 'Yira' (Bayer), todos ellos compuestos con etinilestradiol y drospirenona.
   El anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero autorizó la financiación de estos productos en 2011. Sin embargo, dos años después el Ministerio de Sanidad ha decidido revisar el precio máximo establecido para su financiación pública, según han explicado fuentes del departamento de Ana Mato a Europa Press, "tras no haber demostrado que tengan un beneficio extra que justifique que tengan otro precio".
   Por ello, en abril publicaron una resolución que fijaba para el grupo terapéutico de anticonceptivos hormonales un precio máximo de venta de laboratorio de 3 euros (no tiene nada que ver con el precio de venta en farmacias), al que deberían adaptarse todas aquellas compañías que quisieran mantener la financiación pública. "Si a los laboratorios no les interesa, se salen voluntariamente de la financiación", han explicado.
   Desde Sanidad aseguran que esta medida "no forma parte de una nueva desfinanciación", como la que se produjo en verano del año pasado y afectó a más de 400 medicamentos.
   En este caso se trata de una revisión de precios de financiación que, aseguran, se realiza periódicamente con todos los grupos terapéuticos con el objetivo de "optimizar los recursos".
   Por ello, niegan que se trate de una "decisión ideológica" ya que, de hecho, hay otros anticonceptivos hormonales que sí han aceptado el nuevo precio establecido y "sí serán financiados".
   "Se financian los anticonceptivos que han demostrado dar buenos resultados y aceptan el precio marcado por el ministerio", han zanjado desde Sanidad.
   Algunas de las compañías fabricantes de estos anticonceptivos han decidido no hacer valoraciones sobre esta desfinanciación, según han explicado a Europa Press, reconociendo que acatan cualquier decisión sobre precios que adopte el Ministerio.

OPEL FABRICARÁ PARTE DEL MOKKA EN ESPAÑA

La decisión de la filial de General Motors se debe a la fuerte demanda de este modelo en el mercado europeo. La producción en España comenzará en el segundo semestre de 2014.

FRANCFORT.- El fabricante de automóviles alemán Opel, filial del gigante estadounidense General Motors (GM), anunció el miércoles su intención de fabricar parte de sus vehículos Mokka en España, debido a la fuerte demanda de este modelo en el mercado europeo.

La producción empezará en el segundo semestre de 2014 en la planta española de Zaragoza, precisó la empresa en un comunicado.

"Opel y GM han tomado esta decisión por la fuerte demanda de Opel Mokka en el mercado europeo", explicó. 

Al mismo tiempo, la planta de GM de Bupyeong en Corea del Sur, que producía íntegramente hasta ahora los Mokka, verá aumentar su capacidad.

"La decisión a favor de Zaragoza corresponde a nuestro objetivo estratégico de construir vehículos allí donde los vendemos", declaró Karl-Thomas Neumann, presidente de la empresa, citado en el comunicado.

El sindicato alemán IG Metall saludó este anuncio en un comunicado. "Es una buena señal para Opel y los trabajadores en España y en Alemania”.

SINDICATOS ALERTAN DE DESPIDOS EN LA LIMPIEZA DEL SAS

El sector estudia protestas en septiembre ante los recortes en nóminas y jornadas laborales.

La plataforma en defensa de los hospitales públicos del sector de la limpieza, integrada por los sindicatos UGT, CCOO, CGT y CSI-F, advirtieron ayer del "temor a posibles despidos" que ya han mostrado las 1.700 trabajadoras del que desempeñan su función en centros de salud y hospitales de Sevilla y provincia, un problema laboral que tendría su raíz en los "recortes presupuestarios" que la Consejería de Salud y Bienestar Social "está llevado a cabo con las empresas adjudicatarias de estos servicios". Tal y como ya dijo en declaraciones a Europa Press la secretaria sectorial de Limpieza de UGT-Sevilla, Carmen Cordero, los recortes a estas empresas "están repercutiendo a su vez con reducciones de jornada laboral y la no cobertura de las bajas por enfermedad, vacaciones o permisos". 

En cuanto al calendario de movilizaciones, el secretario de Acción Sindical de CCOO Sevilla, Joaquín López, comentó ayer a Europa Press que el próximo septiembre se concentrarán a las puertas del Hospital Virgen del Rocío, después de que este pasado lunes 8 se concentraran a las puertas del Hospital Macarena y entregasen notas informativas acerca de la situación que está atravesando este colectivo. López también lamentó que, hasta el momento, la Junta "aún no se ha pronunciado al respecto". Cordero ya explicó a finales de junio que la reducción de jornada laboral, con el consiguiente recorte en las nóminas.

BÁÑEZ FIRMA UN CONVENIO CON LA ACADEMIA DE GASTRONOMÍA PARA FAVORECER EL EMPLEO EN ESTE SECTOR

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez y el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón, han firmado un convenio de colaboración en materia de promoción y orientación del empleo en el ámbito de la gastronomía.
El objetivo de dicho convenio es la colaboración y el impulso de proyectos entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Real Academia de Gastronomía relacionados con la regulación del sector en materia laboral.

Entre estos proyectos, figura la creación de nuevos certificados de profesionalidad vinculados a nuevas cualificaciones profesionales que se puedan crear y en revisar las ya existentes.
En el momento actual, el Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales está realizando una actualización del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, que tiene previsto finalizar este año, según se ha comunicado en la Comisión Permanente del Consejo General de la Formación Profesional celebrada el 11 de junio de 2013, que conllevará la actualización de los correspondientes Certificados de Profesionalidad.
Asimismo, en el marco del convenio se podrán llevar a cabo acciones de perfeccionamiento técnico del profesorado y también actuaciones de difusión de las nuevas iniciativas de formación profesional para el empleo.
En este sentido, se hará hincapié en el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, así como en la formación con compromiso de contratación por parte de las empresas.

martes, 9 de julio de 2013

ACUERDO ENTRE UE Y BANGLADESH PARA MEJORAR CONDICIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

La Unión Europea (UE) y Bangladesh alcanzaron hoy un acuerdo por el cual el Gobierno bengalí debe mejorar las condiciones laborales de la industria textil a cambio de asistencia europea, bajo la amenaza de perder los beneficios comerciales de los que disfruta.

Ginebra, 8 jul.- La Unión Europea (UE) y Bangladesh alcanzaron hoy un acuerdo por el cual el Gobierno bengalí debe mejorar las condiciones laborales de la industria textil a cambio de asistencia europea, bajo la amenaza de perder los beneficios comerciales de los que disfruta.
Así lo anunciaron en rueda de prensa conjunta el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucth, y la ministra de Exteriores de Bangladesh, Dipu Moni.
Según el acuerdo, Bangladesh se compromete a finalizar la modificación de su ley laboral para que los empleados del sector textil puedan contar con convenios colectivos y libertad de asociación y, sobre todo, que se apliquen sistemas de seguridad laboral efectivos, en especial la verificación constante del estado de los edificios que albergan las fábricas.
A cambio, la Unión Europea prestará asistencia al Gobierno bengalí y le mantendrá las "excelentes condiciones comerciales con las que cuenta", explicó De Gucht.
El comisario recordó que actualmente el 90 por ciento de las exportaciones textiles bengalíes a la Unión Europea entra sin cuota alguna y sin que se le aplique aranceles.
"Algo que Bangladesh no tendría que dar por supuesto, dado que, si no mejora la situación, la UE podría decidir suspender estas excepciones", advirtió el comisario.
De Gucht dejó claro que los 28 países comunitarios esperan que el Parlamento bengalí apruebe lo antes posible la modificación de su ley laboral para que las palabras se conviertan en hechos.
La ministra bengalí indicó que "los tiempos de la política son lentos", pero que está convencida que la ley será aprobada y los cambios aplicados.
El convenio se alcanzó tras la tragedia del pasado 24 de abril, cuando un edificio de nueve plantas en las afueras de Dacca se derrumbó y ocasionó la muerte de al menos 1.127 personas y heridas a 2.438.
Preguntado por qué ha habido que esperar a que una tragedia de semejantes características ocurriera para que la UE actuara y si piensa que las compañías que subcontrataban a las empresas del edificio siniestrado deberían ser juzgadas, el comisario se limitó a recordar otro acuerdo logrado recientemente en el sector.
"El pasado mayo se alcanzó un acuerdo entre unas setenta compañías, la mayoría europeas, y varios sindicatos internacionales con el objetivo de mejorar las condiciones laborales. Hay que esperar y ver los resultados", afirmó.
Precisamente, hoy se anunció la aplicación de dicho Acuerdo sobre Fuego y Seguridad en Edificios negociado con el Gobierno de Bangladesh para evitar en el futuro accidentes en plantas textiles.
Además de 73 empresas, sindicatos internacionales y locales y organizaciones no gubernamentales han suscrito el pacto, que busca identificar los riesgos graves de seguridad en las fábricas textiles y corregirlos urgentemente.
Con ambos acuerdos colabora la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que da apoyo técnico a todas las partes, pero que no es parte integral de ninguno de los dos. http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/salud-y-seguridad-laboral/acuerdo-entre-ue-y-bangladesh-para-mejorar-condiciones-de-la-industria-textil_58iQOzyNXdxp0dcmLKpDN5/

(Agencia EFE)

lunes, 8 de julio de 2013

EL 65% DE LOS PROFESORES PADECE EL SÍNDROME DEL «QUEMADO»

Investigadores de la Universidad de Murcia (UMU) han constatado que el 65% de los profesores de Primaria, Secundaria y Bachillerato sufre el denominado síndrome del 'burnout' o alguno de sus episodios más tempranos. Este trastorno, que se traduce literalmente como estar 'quemado' o 'carbonizado', implica un agotamiento emocional que se desarrolla como resultado de una relación personal "dura, intensa y frustrante" con alumnos o compañeros.

En concreto, el 12% de los docentes padece el síndrome de forma "evidente", y otro 53% tiene una tendencia o riesgo objetivo de sufrirlo, según los resultados de la investigación desarrollada por el grupo de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la UMU tras someter a examen a 95 profesores de estos niveles educativos.
Los profesores 'quemados' presentan una serie de síntomas inequívocos. Por ejemplo, están agotados emocionalmente, se sienten más fríos, ariscos y cínicos en su relación con los alumnos o el resto de docentes, y no se encuentran realizados en su trabajo, según ha informado a Europa Press el profesor de la Facultad de Psicología de la UMU e investigador principal del grupo, Enrique Javier Garcés.
Los profesionales de la Educación están muy expuestos a este síndrome porque se ven obligados a tratar a mucha gente y establecer relaciones intensas con ellos durante mucho tiempo. De todas formas la incidencia del 'burnout' es semejante en todos los ámbitos laborales, porque son contextos en los que las interacciones son duras, hay una presión diaria y existe una obligación de colaborar y de entenderse con compañeros o superiores.
Con todo, Garcés aclara que es un error identificar este trastorno con el ámbito del trabajo. De hecho, puntualiza que este problema puede surgir en cualquier entorno, como en las relaciones de pareja, entre padres e hijos o en el deporte, por ejemplo.
Para que el 'burnout' llegue a producirse, la relación tiene que ser "intensa y sostenida en el tiempo", explica Garcés. Quien padece el trastorno se siente, básicamente, "agotado", pero más allá de lo físico. La sensación trasciende a un agotamiento mental "provocado por el esfuerzo de mantener la relación continua con esa persona que genera el estrés".
Los 'quemados' son personas que lo primero que hacen al despertarse es pensar que se encuentran muy mal, a pesar de no haber hecho deporte o ejercicio físico que lo justifique. El desencadenante de este pensamiento recurrente es el simple hecho de saber que van a ver a la persona con la que mantienen esa relación agotadora.
El síndrome en tres fases
El 'burnout' se desarrolla en varias fases. En primer lugar, el 'quemado' experimenta un agotamiento emocional y una "fatiga" al verse obligado a ver a la persona que le frustra. Posteriormente, piensa en cómo afrontar la situación, al estar obligado a vivir con la persona que tanto le desgasta.
Se produce entonces un fenómeno que se denomina 'despersonalización', cuando el 'carbonizado' intenta defenderse "emocionalmente" de la otra persona estableciendo un distanciamiento con ella. Por ejemplo, quien sufre el síndrome se va a mostrar menos agradable con su pareja; va a tener la relación "justa" con el compañero de trabajo, o va a establecer, incluso, cierta distancia física con ellos.
La tercera y última fase es la que desencadena el síndrome del 'burnout' en toda su extensión y de forma completa. Los psicólogos llaman a esta etapa 'Reducida realización personal', y se produce cuando el 'quemado' empieza a preguntase "qué hace con esa pareja, con ese jefe o con ese deporte".
Ante esta situación, quienes padecen 'burnout' comienzan a dudar de su propia realización personal, y se dan respuestas como: "yo aquí no progreso nada; no consigo el amor que tenía previsto con mi pareja o no alcanzo el desarrollo profesional que tenía previsto". Esta situación empuja al 'quemado' a sentirse cada vez peor.
Una vía de escape habitual es el abandono, pero Garcés advierte que hay relaciones de las que "no se puede escapar" porque existe una dependencia. Es el caso, por ejemplo, de un trabajo que el 'quemado' necesita para poder comer y mantener a una familia. En estos casos, el 'carbonizado' se suele resignar y el trastorno "va a ir a más".
No hay un perfil claro de personas que pueden sufrir potencialmente este síndrome, pero Garcés afirma que tienen más posibilidad de sufrirlo los perfeccionistas, quienes tienen un peor manejo de la ansiedad, los que manejan mal las emociones o los que son altamente competitivos.
Asimismo, hay factores externos que desencadenan el 'burnout' como, por ejemplo, la falta de apoyo sociofamiliar y el hecho de no encontrar refugio al regresar a casa. El trastorno suele aparecer también en personas que no tienen más alternativas u objetivos vitales; y en quienes están demasiado comprometidos con su trabajo hasta el punto de confundirlo con una sumisión o adicción.
Tampoco hay una edad que haga ser más proclive a padecer 'burnout', pero hay estudios que apuntan que, cuanto más joven es una persona, tiene más riesgo de sufrir el síndrome, porque la gente mayor, al final, genera estrategias para defenderse.
Por sexos, el 'burnout' se da más entre mujeres. Y es que los hombres son "mucho más primarios" en su forma de pensar, mientras que la mujer "es más compleja" y su gestión de la situación adversa es más complicada, a pesar de que paradógicamente dispone de más herramientas para afrontarla.
El 'burnout' puede confundirse con la ansiedad, con la depresión y con el estrés porque son trastornos "primos hermanos". La diferencia, prosigue Garcés, es que el 'burnout' mezcla todos estos elementos conjuntamente.
Las últimas investigaciones apuntan, incluso, que el síndrome del 'burnout' es contagioso, porque quien lo padece puede crear un aura en torno a sí mismo que afecta a los que le rodean, según el profesor de Psicología de la UMU, Francisco J. Ortín, que también ha participado en el estudio.
Tratamiento psicológico
De todas formas, el síndrome no afecta a todas las personas por igual, y se puede contraer o no en función de cómo valora cada individuo la situación adversa, y de la estrategia que cada cual pone en marcha para afrontarla.
La mejor estrategia para afrontar este síndrome, asegura Garcés, es tener un psicólogo que te preste ayuda y te asesore, porque una persona, por sí misma, tiene "difícil" modificar su estrategia de percepción y análisis de lo que está pasando.
El tratamiento del 'burnout' por parte del psicólogo consiste básicamente en modificar los procesos cognitivos del paciente, es decir, cambiar los pensamientos y emociones que le hacen estar agotado. Para ello, se emplea una terapia que consiste en preguntar al paciente por qué la otra persona es tan mala o por qué vive tan mal estas situaciones, con el fin de desentrañar el problema.
El objetivo es hacer ver al 'quemado' que está pensando de forma errónea. Se le hace ver que la persona que le fatiga puede ser mala,
y que eso le puede 'cabrear' hasta un punto razonable, pero no hasta el extremo de padecer 'burnout'.
A continuación, el psicólogo lleva a cabo un trabajo "conductual" con el paciente encaminado a cambiar sus comportamientos. Y es que si dos personas se están "quemando" como resultado de una relación "tóxica", ambos deben de modificar sus comportamientos.
El optimismo, por ejemplo, es una variable protectora contra el 'burnout', puntualiza Ortín. Sin embargo, ser optimista "no consiste en estar de buenas por tener un deseo". Más bien, constituye un "patrón de personalidad". Lo importante, añaden, es que este optimismo "se puede entrenar".

SEAT PRESENTA UN ERE TEMPORAL EN LA PLANTA DE MARTORELL QUE AFECTA A LA MAYORÍA DE LA PLANTILLA

Los 2.800 empleados en la línea de producción del Q3 pararán 16 días este año y los 3.800 de la línea del León y del Altea pararán 35 días en 2014.
Seat ha presentado este lunes al comité de empresa y a la Conselleria de Empresa y Empleo de la Generalitat un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal que afectará a todos los trabajadores del área de producción, ha informado la compañía en un comunicado, donde ha destacado que llega después de agotar "todas las medidas de flexibilidad interna previstas en el convenio colectivo".

El ajuste prevé la suspensión de 571 contratos diarios de forma rotatoria entre septiembre y diciembre de este año en todas las líneas de Martorell (Barcelona) y de la Zona Franca, lo que afecta a 9.239 trabajadores, según han explicado a Europa Press en fuentes sindicales.
La medida prevé también la suspensión de la producción de la línea 3 -la que fabrica el Audi Q3 y donde trabajan 2.800 personas- durante 16 días entre septiembre y diciembre de este año debido al cese de fabricación del Exeo; así como 35 días de no producción en la línea 2 -que ensambla el León y Altea- con una afectación de 3.800 puestos de trabajo durante 2014.
La multinacional se ha planteado el ERE temporal en la planta de Martorell (Barcelona) ante la caída de la demanda, una medida que ha tratado en la reunión del comité ejecutivo de este lunes, han explicado a Europa Press fuentes de la firma.
El pasado viernes finalizó la producción del modelo Exeo, que compartía línea de montaje con el Audi Q3, y el principal reto del presidente de Seat, Jürgen Stackmann, es conseguir la adjudicación del nuevo todocamino (SUV, por sus siglas en inglés).
Seat, perteneciente al grupo Volkswagen, vendió en todo el mundo un total de 149.100 vehículos en los cinco primeros meses del año, lo que supone un aumento del 11% respecto al mismo período de 2012.
De esta forma, la firma confirma la tendencia al alza de sus resultados comerciales, ya que disparó un 30,9% sus ventas en Alemania en lo que va de año, con 30.700 unidades.
Además, la marca española comercializó entre los pasados meses de enero y mayo un total de 18.500 automóviles en Reino Unido, con una progresión del 12,6%, y 9.200 vehículos en México, lo que representa un crecimiento del 8,2%.

COMO SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE UGT CÓRDOBA QUIERO DAROS LA BIENVENIDA A NUESTRA PÁGINA WEB.




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Todos los que estamos trabajando en la FSP de Córdoba intentamos poner el máximo de nosotros mismos, pensando en ti, teniendo claro que solo desde el compromiso personal y la disponibilidad, tendremos garantías de afrontar los retos que nos aguardan para seguir defendiéndote y defendiendo tus intereses.
Hay una campaña permanente y diaria en contra de nuestro sindicato por algunos medios de comunicación que manejan a su antojo la información, es por lo que desde nuestra federación hemos querido dar un impulso a las redes sociales.
Las nuevas tecnologías abren una extraordinaria oportunidad para el intercambio de información y la participación activa.
También hemos querido dar cabida en esta nueva página al gran volumen de información que, como representantes de los trabajadores, generamos en tu interés. Aquí podrás tener siempre acceso a resúmenes de prensa diarios, notas y comunicados de prensa y artículos de opinión publicados por la UGT, con el objetivo de ayudarte en la defensa de tus derechos e intereses como trabajador o trabajadora en cualquier ámbito de las administraciones públicas, en la negociación colectiva, en la búsqueda de un empleo, en materia de formación y de salud laboral...
Los trabajadores nos dan permanentemente su apoyo en las elecciones sindicales, siendo la fuerza sindical mayoritaria en Andalucía y creemos que unidos podemos construir un futuro mejor para todos.
Esperamos que la página web sea una herramienta útil para ello.
Un fratenal saludo UGTista
Isaías Ortega Romero
Secretario General FSP-UGT Córdoba

domingo, 7 de julio de 2013

JUSTICIA INCLUIRÁ COMO DELITO LAS PRESIONES A LOS JUECES

Los jueces que instruyen procedimientos de relevancia pública, en los que están implicados personas vinculadas directa o indirectamente a partidos políticos, se ven obligados en no pocas ocasiones a soportar ataques directos contra su actuación. Es una historia que se ha venido repitiendo desde hace no pocos años, décadas, y, hasta ahora, sólo existe la opción de pedir «amparo» al Consejo General del Poder Judicial cuando se sienten perturbados en su independencia judicial. El CGPJ, si estima que esa solicitud tiene justificación, lo único que puede hacer es adoptar un acuerdo otorgándole el amparo y solicitando el cese de esos ataques; pero no tiene ninguna otra opción. Al menos, hasta ahora, porque ello, previsiblemente, va a cambiar en esta legislatura.

La jueza Mercedes Alaya, quien investiga el uso fraudulento de dinero de la Junta de Andalucía que debía ir destinado a los parados y que acabó finalmente en otras manos, ha sido la última en sufrir esos ataques. Esta vez han procedido desde las filas socialistas, sobre todo después de imputar a la ex viceconsejera de Economía de la Junta y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez. El Consejo del Poder Judicial, al menos hasta el día de hoy, no ha salido en defensa de la magistrada.
Por ello, para intentar frenar esos ataques a los magistrados, el Gobierno incluirá en el anteproyecto de reforma de la ley orgánica del poder judicial la potestad de que el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, el CGPJ, pueda no sólo otorgar el «amparo» al afectado, sino que también tendrá potestad para ordenar que cese la conducta perturbadora de la independencia judicial. Si los requeridos no cesaran en ella, a partir de la orden del Consejo esa conducta «será constitutiva de un delito contra la Administración de Justicia», según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Ministerio de Justicia. Será el Ministerio Fiscal el encargado de promover las acciones pertinentes en defensa de la actuación de los magistrados en su trabajo.
Esta previsión se incluye dentro de las medidas tendentes a garantizar y reforzar la independencia judicial, donde se prevé igualmente que los jueces que consideren «perturbado su sosiego y ecuanimidad o que se sientan inquietados por algún intento de condicionar indebidamente sus decisiones», lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, a los efectos mencionados anteriormente, y, además, deberán dar cuenta de esos hechos «al tribunal competente, para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias indispensables para asegurar la acción de la Justicia y restaurar el orden jurídico».
Junto a lo anterior, el Gobierno incluirá también en su anteproyecto determinadas medidas vinculadas a la independencia judicial, dirigidas principalmente a evitar cualquier intento de vulneración del principio del juez predeterminado por la ley. Así, las salas de gobierno de los distintos tribunales deberán fijar a principio de cada año judicial las normas de repartos, sustitución, refuerzos y suplencias. De esta forma, una vez que ingrese un procedimiento, se turnará «inmediatamente después de ser registrado entre las distintas unidades o secciones judiciales, con arreglo a los criterios establecidos en las normas de reparto».
Igualar el tiempo de resolución
En ese mismo momento, se comunicará a quien presentó la causa la unidad o sección judicial a la que le ha correspondido el conocimiento del asunto y la identidad del juez o jueces titulares de las mismas, que se encargarán de instruir el asunto. El anteproyecto de Justicia recogerá en este punto que solamente por causas muy limitadas se podrá cambiar en reparto de un asunto: enfermedad prolongada, licencia de larga duración, existencia de vacantes y refuerzos previamente establecidos.
Otro aspecto relevante que guarda relación con todo lo anterior será las medidas que se establecerán en garantía y refuerzo de la eficacia en la resolución de los procesos. Actualmente, se señala al respecto desde Justicia, se producen no pocas desigualdades en el tiempo de resolución de asuntos de un mismo tipo entre unos juzgados y otros en función de la carga de trabajo del juzgado.
Esta diferencia en los plazos de resolución, se sostiene al respecto desde el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, con la instauración de los tribunales de Instancia, ya que, se señala al respecto, va a introducir dos importantes «mejoras»: Conllevará la redistribución de efectivos en la provincia, «de tal forma que no se produzcan los actuales desajustes en la carga de trabajo entre unos juzgados y otros», y, en segundo lugar, permitirá la especialización en todas las provincias.
Desde Justicia se destaca que lo importante es la «provincialización», tanto desde el punto de vista de los jueces como de los asuntos. De los jueces porque, al incardinarse en órganos más grandes, los tribunales de Instancia, permitirá que se puedan especializar por materias; y en cuanto a los asuntos porque, al fijarse unas normas de reparto de carácter provincial, se igualará la carga de trabajo de todos los jueces del Tribunal de Instancia, e igualmente se favorecerá las sustituciones entre ellos.
Una importante novedad que se prevé recoger en el anteproyecto, y que ya figura en el informe elaborado por la Comisión de Expertos, es la facultad que tendrán los presidentes de los tribunales superiores de Justicia para proponer como medida de apoyo la «adscripción obligatoria, en régimen de comisión sin relevación de funciones», de aquellos jueces adscritos a salas que tuviesen escasa carga de trabajo, de conformidad con los criterios técnicos establecidos por el CGPJ. Dicha comisión no será retribuida, aún siendo aprobada, «si la carga de trabajo asumida por el adscrito, computada junto con la de su órgano de procedencia, no alcanza el mínimo establecido en los referidos criterios técnicos».
Esta medida será «excepcional» y se podrá aplicar por parte del Consejo cuando el retraso o la acumulación de asuntos en una determinada sala no puedan ser «corregidos» mediante el reforzamiento de la plantilla de al Oficina Judicial o la exención temporal de reparto.