BREVES DE ACTUALIDAD: SANCIONAN A DOS SOCIEDADES QUE TENÍAN A 455 CONTRATADOS FICTICIOS

La Inspección de Trabajo remitirá al fiscal el caso en el que una serie de personas se pagaba las cotizaciones mínimas para poder percibir subsidios de desempleo

El Día de Córdoba

La Inspección de Trabajo ha multado con fuertes cantidades económicas a dos empresas tras habérsele detectado un total de 455 personas que estaban contratadas pero que no prestaban servicios dentro de la estructura de ambas sociedades. En realidad, se trata de un supuesto fraude para poder percibir los subsidios a los que tiene derecho todo trabajador y que abona la Seguridad Social o el Gobierno por medio del Ministerio de Trabajo: el desempleo o la baja por maternidad. 

Desde la Administración central se explica que la situación que se ha encontrado a estas empresas es una especie de favor que se le hacía a personas que tenían algún grado de relación con la compañía. Estas personas eran contratadas por las sociedades y en los documentos figuraban como trabajadores de la misma. La realidad es que su vinculación sólo era contractual, no real. No percibían salario ni tenían una actividad cierta. 

Al contrario, las fuentes consultadas aseguran que eran los propios supuestos trabajadores quienes pagaban las cotizaciones sociales y todos los impuestos aunque sin recibir una nómina. Las cantidades que se pagaban por los contratos eran las más bajas posibles. El efecto, según se explica, es que las personas que estaban dadas de alta podían, y de hecho lo hacían, cobrar subsidios y prestaciones como la de desempleo (se simulaba, también, la finalización de la contratación) o la baja por maternidad. No se detalla cuánto tiempo se han estado realizando estas actividades aunque existen dos datos de referencia: para cobrar el desempleo es preciso una cotización de, al menos, 12 meses y la Inspección de Trabajo opera sobre los hechos cometidos durante los últimos cuatro años. 

En estos momentos, se está realizando el expediente administrativo para recabar todos los datos. En primera instancia, se han propuesto sanciones que ascienden a 1,4 millones de euros para una de las empresas -la que presenta más casos de contratos simulados- y 831.000 euros para la segunda. 

Por la información existente en los expedientes abiertos, no se aprecia que sea un caso en el que existía lucro para los gestores o propietarios de la empresa a cambio de la simulación de los contratos. La actividad de cobrar a cambio de empleos ficticios ha sido objeto de numerosas operaciones policiales centradas, sobre todo, en inmigrantes que acceden de esta manera a los documentos de residencia y trabajo en España. Las fuentes consultadas explicaron que una vez que se cierren los expedientes en la Inspección de Trabajo, pasarán a la Fiscalía de Córdoba con el objetivo de que se dilucide si se ha cometido un presunto delito. El caso no se encuentra ya en los tribunales, explican, porque Trabajo tiene que realizar aún las gestiones de verficación de la información elevando a firmes las sanciones en el ámbito administrativo. 

Lo que sorprende del caso es que sólo dos empresas acumularan tal grado de contractos que eran, en realidad, simulados. Según la información difundida ayer, son 455 trabajadores a los que se les han extinguido prestaciones por valor de 1,37 millones de euros. 

La media de la percepción de subsidio y maternidad asciende a algo más de 3.000 euros. La Subdelegación del Gobierno ha asegurado que todas estas personas tendrán que devolver las cantidades que se hayan cobrado a costa de estos contratos supuestamente ficticios. Se trata de una actuación dentro de una campaña contra el fraude y la economía sumergida.